Objetivo y calendario
Los Comuns han declarado que la norma pactada con el Govern en febrero debe entrar en vigor antes de agosto. La urgencia se basa en la necesidad de actuar mientras el mercado sigue mostrando señales de sobrecalentamiento.
La próxima semana se abrirán negociaciones con ERC y la CUP, y el Sindicat de Llogateres tendrá un papel central en la mesa. "No puede ser una ley de un solo partido; tiene que ser una ley de país", afirmó Jéssica Albiach, líder del grupo parlamentario.
Detalles de la normativa y posiciones de los partidos
El texto acordado limita la compra en zonas tensionadas, donde se concentra el 90 % de la población. Los fondos solo podrán adquirir edificios completos para destinarlos al alquiler, mientras que las personas físicas podrán comprar hasta cuatro viviendas siempre que sea para residencia habitual o alquiler.
Quienes posean cinco o más pisos en estas áreas quedarán sujetos a la restricción de solo comprar inmuebles completos. La medida busca reducir la especulación que impulsa el precio de la vivienda.
El PP, Vox y Aliança Catalana se oponen rotundamente a la iniciativa, argumentando que vulnera la libre propiedad. Junts muestra reticencia pese a la invitación de los Comuns, y Albiach expresó su "gran decepción" ante la postura de Junts en materia de vivienda.
