Marjan Salehi, su esposo Ali Faqiri y su bebé de 11 meses, Adrián, recibirán la orden de desalojar el piso de Sant Andreu el próximo miércoles. El aviso proviene del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha declarado concluido el programa de acogida estatal que les albergaba.
La familia llegó a España tras huir del regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021. Su asilo político fue concedido en febrero de 2025 gracias a la colaboración del padre y del hermano de Marjan con las fuerzas españolas en Herat. Desde entonces vivían en un piso gestionado por la ONG Moviment per la Pau (MPDL), compartido con otras ocho personas.
«No sabemos dónde iremos», afirma Marjan, de 28 años, mientras cuida a su hijo. «Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros». La incertidumbre se agrava porque la familia carece de recursos económicos y de redes de apoyo en el país.
Razones del desalojo
El Ministerio comunicó que la familia ha agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida, que es de seis meses una vez concedido el permiso de residencia y trabajo. No se contempla una prórroga, a pesar de la vulnerabilidad sanitaria de Ali, que padece artrosis y una hernia discal.
Según fuentes oficiales, el procedimiento seguido es el habitual para los refugiados que han recibido la autorización de residencia. «Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro», explicó una fuente del Ministerio.
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) procesó 160.951 expedientes en 2025, un aumento del 67,2 % respecto al año anterior, la cifra más alta desde 1992. Este incremento refleja la presión sobre el sistema de acogida, que ahora se ve obligado a aplicar plazos estrictos.
Marjan apenas ha podido aprender español, pues gran parte de su tiempo lo dedicó al cuidado del bebé y a la búsqueda de empleo. La falta de dominio del idioma complica la gestión de trámites y la comunicación con los servicios sociales.
Escenarios futuros
El Ministerio asegura que, «atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva». Sin embargo, la decisión final depende de la valoración de los Servicios Sociales de Barcelona.
Si los servicios sociales no logran una solución rápida, la familia corre el riesgo de quedarse sin techo. La entidad MPDL, que gestiona la vivienda bajo convenio con el Ministerio, ha indicado que no puede prorrogar la estancia y que la familia debe acatar la orden administrativa.
En caso de que se suspenda la salida del centro, la familia podría permanecer temporalmente en un albergue municipal mientras se revisa su caso. De no concederse la suspensión, la única alternativa sería buscar alojamiento privado, lo que resulta inviable sin recursos económicos.
El caso pone de relieve la tensión entre la política de asilo, que reconoce la protección a personas vulnerables, y la capacidad operativa del sistema de acogida para ofrecer soluciones duraderas. La falta de una prórroga automática genera incertidumbre y expone a familias como la de Salehi a situaciones de desamparo.
A nivel geopolítico, la expulsión de refugiados que colaboraron con fuerzas occidentales en Afganistán puede percibirse como un retroceso en la política de protección de aliados locales. La comunidad internacional observa con atención cómo los países europeos gestionan estos compromisos.
Para la familia, la prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de su hijo. «Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro», recordó Marjan, subrayando el temor que los persigue incluso después de haber encontrado refugio.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil siguen presionando al Gobierno para que revise los plazos de acogida y garantice una respuesta más humana a casos de vulnerabilidad extrema. La presión pública podría influir en la decisión final sobre la suspensión de la salida del centro.
En cualquier escenario, el desenlace de este caso será determinante para la vida de Marjan, Ali y Adrián, y servirá como referencia para futuros procesos de acogida y protección en España.
