La jueza de la dana acordó este lunes suspender la declaración del trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que había sido citada para testificar contra la responsable del organismo, la comisaria de aguas Cristina Sola. La decisión se tomó en el Tribunal de Instancia de Catarroja después de que la magistrada constatara la ausencia de garantías de seguridad adecuadas.
En la providencia dictada, la jueza señaló que la falta de medidas de protección impedía el normal desarrollo de la función jurisdiccional. "Al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la causa de la dana, se suspende la declaración", indicó la magistrada. La suspensión se hizo efectiva de inmediato, dejando pendiente la comparecencia del testigo.
Incidentes y ausencia de protección en el Palacio de Justicia
El viernes anterior, una decena de agitadores con ideas conspiranoicas se concentró a escasos metros de la entrada del Palacio de Justicia de Catarroja mientras la jueza escuchaba la declaración de la alta responsable de la CHJ. Los manifestantes portaban carteles que referían al objeto de la causa y a la propia magistrada, lanzando descalificaciones tanto verbales como escritas.
El personal de seguridad del edificio, alertado por la presencia de los agresores, recomendó a la jueza que "no saliera al exterior". A pesar de la recomendación, la autoridad judicial decidió iniciar la audiencia, lo que desencadenó los incidentes. Los guardias informaron que la Generalitat disponía de un "extenso caudal de información" que habría permitido avisar a la población con antelación, pero no se tomaron medidas preventivas.
Durante la concentración, los agitadores intentaron bloquear el acceso al juzgado y realizaron insultos dirigidos a la magistrada. La policía local intervino para dispersar a los manifestantes, pero la falta de una planificación de seguridad previa impidió garantizar la integridad del proceso judicial. Los testigos describieron una atmósfera tensa, con gritos y pancartas que aludían a teorías conspirativas sobre la causa de la dana.
El personal de seguridad del Palacio de Justicia elaboró un informe que destacó la ausencia de protocolos de protección para testigos y magistrados en situaciones de alta tensión. El informe subraya que la falta de coordinación entre la policía, la Generalitat y el propio juzgado dejó al descubierto una vulnerabilidad que pudo haber puesto en riesgo la vida de los presentes.
Consecuencias y próximos pasos
Con la declaración suspendida, el tribunal deberá reprogramar la comparecencia del testigo, garantizando condiciones de seguridad que cumplan con los requisitos legales. La jueza ha indicado que la nueva fecha se fijará una vez se hayan implementado las medidas recomendadas por el personal de seguridad, que incluyen control de acceso reforzado, presencia policial permanente y comunicación preventiva a la ciudadanía.
El caso reaviva el debate sobre la protección de los testigos en procesos judiciales de alto perfil. Organizaciones de derechos civiles y sindicatos de la judicatura han pedido una revisión de los protocolos de seguridad para evitar que incidentes similares se repitan. Mientras tanto, la Generalitat ha anunciado que revisará sus procedimientos de alerta y coordinación con las fuerzas de seguridad locales.
En el plano político, la suspensión ha generado críticas entre los partidos que ven en la falta de seguridad una muestra de la vulnerabilidad del Estado ante la presión de grupos extremistas. La oposición ha pedido al Gobierno que asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad de los tribunales y de los ciudadanos que colaboran con la justicia.
El proceso judicial sobre la causa de la dana sigue abierto, y la falta de una declaración clave podría retrasar la resolución del caso. Los observadores advierten que cualquier dilación prolongada puede afectar la percepción pública de la eficacia del sistema judicial y de la capacidad del Estado para proteger a sus funcionarios.
En definitiva, la suspensión de la declaración testifical pone de relieve la necesidad de reforzar la seguridad en los edificios judiciales y de mejorar la comunicación preventiva entre las autoridades. El desenlace de este episodio dependerá de la rapidez con que se implementen las medidas recomendadas y de la voluntad política para garantizar la integridad del proceso judicial.
