Juicio del hermano de Pedro Sánchez: Audiencia de Badajoz concluye la vista oral
La vista oral contra David Sánchez Pérez‑Castejón, hermano del presidente del Gobierno, se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Badajoz. La audiencia, que duró varias horas, permitió a la defensa y a la acusación exponer sus argumentos y presentar pruebas. La magistrada Beatriz Biedma informó que la sentencia se dictará a finales de julio o, en su caso, en septiembre, por la carga de trabajo del tribunal.
La acusación ha solicitado seis años de prisión para Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias, y cuatro años para Miguel Ángel Gallardo, exlíder de los socialistas extremeños, por los mismos delitos. La petición de penas se basa en la supuesta creación irregular de una plaza de coordinador de actividades de conservatorio en la Diputación de Badajoz, vinculada a la campaña de primarias del PSOE.
Detalles del caso: cargos, supuesta trama y cronología
Los hechos se centran en la creación de una plaza de coordinador de actividades de conservatorio en 2016, que permaneció vacante durante una década tras la jubilación del único funcionario que la ocupó. La Diputación aprobó la plaza en noviembre de 2016, pero la convocatoria al concurso se retrasó hasta mayo de 2017, coincidendo con la campaña oficial de primarias de Pedro Sánchez.
El 8 de mayo de 2017, Pedro Sánchez lanzó su campaña en Don Benito. Once días después, el 19 de mayo, la plaza salió a concurso. La acusación sostiene que el retraso se debió a que David Sánchez, entonces residente en San Petersburgo y estudiante de un máster en Milán, necesitaba tiempo para completar sus estudios antes de presentarse.
El proceso de selección se vio marcado por irregularidades. El día de la publicación de las bases, los directores de los conservatorios enviaron un correo con el asunto "el hermanísimo", aludiendo al candidato. Una aspirante, Cristina de Frutos, denunció haber recibido un mensaje del director del Conservatorio de Plasencia advirtiéndole que la plaza estaba "dada de antemano" a Sánchez. La comisión evaluadora, sin formular preguntas, calificó a todos los candidatos como "no aptos" salvo a David Sánchez.
El 22 de mayo, Sánchez ganó las primarias del PSOE. El 10 de julio firmó el contrato con la Diputación, consolidando la adjudicación de la plaza. La acusación ha descrito la trama como un caso de prevaricación y tráfico de influencias, argumentando que la creación y asignación de la plaza fueron manipuladas para beneficiar al hermano del presidente durante la campaña electoral.
Próximos pasos y posibles repercusiones políticas
La sentencia, prevista entre julio y septiembre, determinará la responsabilidad penal de David Sánchez Pérez‑Castejón y de Miguel Ángel Gallardo. En caso de condena, Sánchez podría enfrentar seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Gallardo podría recibir cuatro años bajo condiciones similares.
Una condena tendría consecuencias directas para el entorno cercano del presidente. Aunque la responsabilidad penal recae sobre los acusados, la opinión pública podría percibir al Gobierno como vulnerable a escándalos de nepotismo, lo que podría afectar la imagen del PSOE de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales.
Los analistas políticos advierten que el caso podría reforzar la narrativa de la oposición, que ha pedido mayor transparencia en los nombramientos públicos. El PSOE, por su parte, ha reiterado que el proceso judicial es independiente y que cualquier decisión judicial será respetada.
En el corto plazo, la audiencia ha dejado claro que el tribunal evaluará tanto la existencia de la prevaricación como la posible colusión entre la Diputación y la campaña del PSOE. La defensa, por su parte, ha argumentado que la plaza se creó por necesidad institucional y que la selección siguió los criterios legales vigentes.
Mientras tanto, la prensa nacional seguirá de cerca el desarrollo del caso, y los partidos políticos prepararán sus respuestas en caso de sentencia condenatoria. La expectativa es que el fallo judicial, cualquiera que sea, genere un debate sobre la ética en la gestión pública y la influencia de los lazos familiares en la política.
En conclusión, la vista oral ha concluido sin una decisión inmediata, pero la sentencia que se dictará en los próximos meses será decisiva para determinar si se ha cometido un delito de prevaricación y tráfico de influencias, y para medir el impacto de este caso en la estabilidad del Gobierno y del PSOE.
