Papa en Barcelona: su discurso anti‑aborto enciende la polémica política catalana

El tono moralista del discurso chocó con la agenda progresista de varios grupos parlamentarios, que ven en esas declaraciones un intento de influir en la legislación catalana sobre derechos reproductivos y el final de la vida.

Reacciones de los partidos catalanes al mensaje papal

Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, sostuvo que "en una democracia los derechos no se cuestionan, y mucho menos el de las mujeres y el de morir dignamente". Su postura defendió la continuidad de la legislación actual y pidió al Gobierno que refuerce la lucha contra el abuso sexual en la Iglesia.

Pilar Castillejo, portavoz de la CUP, acusó al Govern de hipocresía: "Aplaudimos al Papa en el Congreso y, después, silenciamos los derechos que hemos conquistado con décadas de lucha feminista". La izquierda anticapitalista exigió que la visita no reciba publicidad institucional y que se respete la separación entre Iglesia y Estado.

Elena Díaz del PSC recordó que la doctrina papal defiende la vida, pero enfatizó la necesidad de "diálogo y justicia social" para avanzar en temas como la inmigración y la igualdad de género. Por su parte, Ester Capella de ERC defendió el derecho al aborto y a una muerte digna, señalando que el mensaje papal debe leerse desde su perspectiva religiosa.

El portavoz del PP, Juan Fernández, pidió que "no se politice" la visita del referente espiritual, pero insistió en respetar las reflexiones del Papa sobre la familia y la natalidad.

Posibles repercusiones en el debate legislativo

Las críticas de la CUP y los Comuns podrían traducirse en nuevas iniciativas parlamentarias para reforzar la legislación sobre el aborto y la eutanasia. Algunos grupos ya anuncian la presentación de mociones que obliguen al Govern a revisar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Al mismo tiempo, los partidos moderados buscarán equilibrar la posición institucional con las demandas sociales, intentando evitar una polarización que dificulte la aprobación de reformas. La presión de la sociedad civil, impulsada por movimientos feministas, seguirá siendo un factor determinante.

En los próximos días, el Parlament debatirá si se abre una comisión de seguimiento a la visita papal y si se convocan audiencias públicas sobre los derechos reproductivos. El resultado podría marcar el rumbo de la política catalana en materia de salud reproductiva y derechos humanos durante el resto del mandato.