Protesta contra visita del Papa en Barcelona: alrededor de 100 laicos se reúnen en el Born

Albert Riba, presidente de los Ateos de Catalunya, describió las reverencias al jefe del Vaticano como "una muestra de apoyo a un país que considera el menos democrático del mundo" y reiteró la necesidad de separar la política del dogma. Subrayó que la presencia del Papa no debe traducirse en actos protocolares que impliquen apoyo institucional.

Ambas organizaciones también denunciaron la "bochornosa" presencia del Papa en el Congreso, señalando que la Constitución española garantiza la laicidad del Estado y que cualquier intervención política del pontífice vulnera ese principio. Exigieron que el Congreso rechace cualquier discurso que pueda influir en la legislación nacional.

Los acuerdos de 1979, conocidos como Concordato, establecieron la financiación pública de la Iglesia y la presencia de la Santa Sede en la vida política española. Desde entonces, grupos laicos han demandado su revisión, pero los gobiernos sucesivos los han mantenido.

Repercusiones y posibles pasos

El Gobierno central ha defendido la visita como un gesto de diálogo interreligioso y ha recordado que la cesión del estadio se realizó bajo los términos habituales de cooperación cultural. Sin embargo, la oposición de partidos de derecha y de la izquierda laica ha cobrado fuerza.

Varios diputados han pedido al Congreso que rechace cualquier discurso del Papa que pueda influir en la legislación, argumentando que la neutralidad del parlamento es esencial. Esta presión podría traducirse en debates parlamentarios sobre la conveniencia de los privilegios concedidos.

De mantenerse la presión, los grupos laicos podrían presentar recursos judiciales para impugnar los acuerdos con la Santa Sede, una medida que, de prosperar, obligaría al Estado a revisar décadas de privilegios institucionales. Un fallo judicial tendría repercusiones en la financiación y en el uso de bienes públicos por parte de la Iglesia.

Para los ciudadanos, la protesta subraya la creciente sensibilidad sobre la separación entre Iglesia y Estado y plantea la pregunta de hasta qué punto los actos protocolares deben respetar la neutralidad constitucional. La cuestión podría influir en futuros encuentros oficiales y en la percepción pública de la relación Iglesia‑Estado.

En 2019, una manifestación similar en Madrid reunió a unos 150 personas que también reclamaban la eliminación de los beneficios fiscales a la Iglesia, demostrando que la cuestión sigue latente en la agenda ciudadana. Estos antecedentes indican que la presión social no es un fenómeno aislado.

Según encuestas recientes, el 55 % de los españoles considera que la Iglesia no debe recibir fondos públicos, mientras que un 30 % apoya la visita papal como símbolo de unidad nacional. Estos datos reflejan una sociedad dividida que seguirá debatiendo el papel de la religión en la esfera pública.