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Crítico Cultural
En algunas democracias, el día de las elecciones llega con una sensación de vacío. No es el resultado lo que preocupa, sino el silencio que lo precede. Cuando casi la mitad de los electores decide no acudir a las urnas, la jornada deja de ser una simple formalidad institucional para convertirse en un síntoma de un problema más profundo. La democracia se presenta, pero solo a medias.
Hace años, el escritor José Saramago imaginó un escenario inquietante en su obra 'Ensayo sobre la lucidez': una jornada electoral en la que la mayoría de los ciudadanos decidía no respaldar con su voto a ninguna opción política. Esta ficción describía una forma extrema de desvinculación democrática. Hoy, sin necesidad de recurrir a la literatura, algunas convocatorias reales empiezan a insinuar esa misma sensación de ausencia.
La abstención ha dejado de ser un gesto excepcional de protesta para transformarse en una costumbre política silenciosa. España no constituye un caso aislado. En Francia, las elecciones legislativas recientes han registrado niveles de participación próximos al cuarenta y cinco por ciento. En Estados Unidos, incluso en comicios presidenciales de alta movilización, el voto rara vez supera los dos tercios del censo. En Suiza, paradigma de democracia directa, muchas consultas federales apenas convocan a la mitad del electorado. El sufragio es libre y, precisamente por ello, cada vez más ciudadanos ejercen también la libertad de no participar.
Las instituciones funcionan, los gobiernos se forman, los parlamentos legislan y las leyes se aplican con normalidad. Pero la legitimidad social se vuelve más frágil. Cada vez resulta más frecuente que mayorías políticas descansen sobre minorías sociológicas efectivas. La democracia no se derrumba: se va volviendo intermitente.
En ese contexto emerge una de las paradojas más visibles del Estado de bienestar contemporáneo. Los derechos sociales -sanidad, educación, pensiones, prestaciones- se conciben como universales y no condicionados a la implicación política del ciudadano. El sistema protege por igual a quienes votan y a quienes se abstienen. *La lógica es jurídicamente impecable y moralmente comprensible. Sin embargo, también puede generar una forma progresiva de desvinculación: el ciudadano se percibe antes como beneficiario que como corresponsable del funcionamiento del sistema que le ampara.
Algunos países han intentado afrontar esta tensión mediante el voto obligatorio. Bélgica y Luxemburgo mantienen desde hace décadas mecanismos sancionadores moderados que han asegurado niveles muy elevados de participación. Australia introdujo esta obligación en 1924 y ha logrado estabilizar el sufragio en torno al 90%, obligando además a los partidos a dirigirse al conjunto de la sociedad y no solo a sus electorados más movilizados. *El argumento es directo: si la soberanía reside en el pueblo, la expresión de esa soberanía no debería depender únicamente del estado de ánimo o del cansancio cívico.
Crítico Cultural
Crítico cultural y escritor. Colaborador habitual en medios literarios.
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Hace 1h
