La vida de Noelia Castillo estuvo marcada por el dolor y la lucha, pero lo que resultó aún más cruel fue la compasión que algunos le brindaron, quitándole su autonomía y su derecho a decidir sobre su propia existencia. Según consta en cinco informes de tribunales y en los documentos neurológicos, psiquiátricos y psicológicos del expediente de la comisión que evaluó su caso, Noelia Castillo era una persona adulta con plena capacidad para tomar decisiones sobre su vida y su muerte. Sin embargo, una parte de la sociedad española, incluyendo a su propio padre, la trató como si fuera una menor que necesitaba protección y reeducación.
En su última aparición en televisión, dos días antes de su fallecimiento, se cuestionó su libertad para expresarse y decidir sobre su propia imagen, como si una mujer adulta no tuviera la capacidad de discernir el alcance de sus palabras. La manera en que se ha referido a ella estos días es también un ejemplo de esta infantilización: simplemente como Noelia, sin apellido, sin la distancia necesaria.
No puedo afirmar con certeza que la sociedad en su conjunto falló a Noelia Castillo, pero sí que el Estado le falló de manera dolorosa durante estos dos años. La ley de eutanasia, diseñada para aliviar el sufrimiento, se convirtió en un instrumento que exacerbó su dolor debido a una letra pequeña demasiado permisiva con la intromisión de terceros. Es necesario revisar esta ley para evitar que la decisión libre y consciente de una ciudadana adulta sea cuestionada y boicoteada por personas que no deberían tener derecho a intervenir. Al menos, la ley debería proteger su voluntad de aquellos que, aunque pueden no comprenderla, tienen la obligación de acatarla.
