La instalación de puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en España es un proceso lento y complejo. Según Bastien Verot, consejero delegado de Electra España y presidente de AORU, la asociación nacional de operadores de recarga ultrarrápida, pueden pasar hasta dos años desde que se firma un proyecto hasta que un punto de recarga entra en funcionamiento.
La AORU, impulsada por seis compañías, entre ellas Tesla, surgió en diciembre de 2024 como una escisión de Aedive, otra organización que representa al conjunto del sector del coche eléctrico. Verot explica que la asociación busca defender los intereses específicos del sector de recarga y tener una voz propia frente a las instituciones públicas.
Una de las principales peticiones de AORU es la necesidad de hacer cumplir la ley en relación a la declaración responsable para la instalación de puntos de recarga. Esta medida, incluida en el Real Decreto-ley 29/2021, busca agilizar los trámites de construcción, pero no se está aplicando de manera efectiva. "A muchos ayuntamientos les da igual y piden una licencia de obra, lo que puede demorar unos años", señala Verot.
La otra gran petición de AORU es la necesidad de tener un "mapa interactivo de la media tensión en España", para saber dónde hay posibilidad de pedir la instalación de un punto de recarga. Esto permitiría ganar tiempo y evitar rechazos en la búsqueda de puntos de conexión.
La ley de movilidad sostenible de diciembre del año pasado contempla esta solicitud y establece que las entidades encargadas de la actividad de distribución eléctrica deberán poner a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica la información relativa a las características y capacidades de la red eléctrica en las ubicaciones habilitadas para instalar puntos de recarga.
AORU también busca impulsar la implantación de los conocidos como *e-credits, un mecanismo que permitiría a los operadores que suministren energía renovable vender créditos a empresas que estén obligadas a incluir un porcentaje de energía renovable en su venta de combustible.
El sector recibió un guiño importante del Gobierno a finales de diciembre con el anuncio del programa de ayudas *Moves Corredores, dotado con 300 millones, para incentivar la instalación de puntos de recarga en zonas desprovistas de infraestructura en las carreteras españolas. Sin embargo, Verot enfatiza que lo que se necesita es una regulación estable en el tiempo.
La industria de recarga de vehículos eléctricos en España enfrenta desafíos importantes, pero con la colaboración del Gobierno y la implementación de medidas regulatorias efectivas, podría acelerar su crecimiento y contribuir a la transición hacia un transporte más sostenible.
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