La gestión de proyectos de energías renovables en Aragón durante su auge continúa generando interrogantes. Un documento incorporado a la investigación del caso Forestalia revela que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), dirigido por Jesús Lobera, decidió en 2022 retirar al menos 46 expedientes que estaban siendo gestionados por la empresa pública Sarga para asignarlos a dos consultoras privadas. La independencia técnica de estas consultoras ha sido cuestionada por la Guardia Civil en sus informes.
Del total de proyectos reubicados, 18 fueron asignados a Natural Resources Research and Development, vinculada a un miembro del PSOE, el ingeniero de mina Alfonso Martínez, cuyo nombre aparece en los audios del caso Koldo sin consecuencias judiciales. El resto se asignaron a Vea Qualitas, cuyos responsables reconocieron en sede parlamentaria haber trabajado previamente para Forestalia, aunque negando haber incurrido en incompatibilidades o haber actuado como “juez y parte”.
Este cambio de criterio alteró el reparto de estos expedientes ambientales, que estaban vinculados en su totalidad a la empresa fundada y liderada por Fernando Samper. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, 45 proyectos se atribuyen a Forestalia como promotor y uno (OPDE Mudéjar I) a la energética navarra OPDE, aunque en realidad también estaba en manos de la compañía aragonesa en aquel momento.
La diligencia elaborada por una funcionaria del organismo y posteriormente incorporada a la investigación de la Guardia Civil deja constancia de un cambio en el modelo de gestión de los expedientes durante el auge de las renovables en Aragón. Según este documento, fechado el 16 de junio de 2022, la decisión se adoptó tras una orden interna comunicada el 5 de mayo de 2022, en la que se reorganizaban las funciones dentro del Inaga y se redistribuían cargas de trabajo.
La diligencia recoge que el director del Inaga contactó con Sarga para solicitar la devolución de numerosos expedientes, que en muchos casos ya habían sido encargados a esta empresa pública para la elaboración de informes ambientales. Estos expedientes fueron posteriormente derivados a consultoras externas, principalmente Natural Resources y Vea Qualitas. El documento señala además que este proceso se realizó sin informar a los técnicos responsables de los expedientes, que hasta ese momento llevaban su tramitación.
La relación de proyectos incluida en la diligencia refleja que muchos de estos expedientes correspondían a proyectos vinculados a Forestalia y que, en algunos casos, ya se había comprometido o realizado el pago a Sarga por trabajos efectuados total o parcialmente. Pese a ello, los expedientes fueron retirados y reasignados, lo que, según deja constancia la funcionaria, alteró el curso ordinario de tramitación y la intervención de los técnicos del propio organismo.
Además, en anotaciones internas incorporadas al documento se registran reuniones celebradas el 12 de mayo de 2022 en la sede del Inaga, en las que se organizó la entrega de expedientes tanto a Natural Resources como a Vea Qualitas.
El papel de estas consultoras externas ya había sido objeto de debate en la comisión de investigación de las renovables en las Cortes de Aragón. Responsables de Vea Qualitas reconocieron haber trabajado para Forestalia, aunque defendieron que no incurrieron en incompatibilidad y negaron haber actuado como “juez y parte”. Según su versión, no informaron expedientes en los que hubieran intervenido previamente para promotores, y cualquier posible conflicto correspondía ser detectado por el propio Inaga.
No obstante, el dictamen de la comisión recogió entre sus conclusiones y recomendaciones la necesidad de "garantizar la imparcialidad de las consultoras privadas externas en la evaluación de proyectos", así como abogar por "una adecuada supervisión pública sobre los controles técnicos externos para asegurar el rigor y la defensa del interés general".
La retirada de expedientes a Sarga -la empresa pública del Gobierno de Aragón especializada en gestión forestal- y su traslado a consultoras privadas añade un nuevo elemento al análisis del funcionamiento del Inaga durante el periodo de máxima expansión de las energías renovables.
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ya ha señalado en sus informes el recurso a empresas externas para la elaboración de informes ambientales como uno de los aspectos relevantes dentro del caso Forestalia, que investiga posibles irregularidades en la tramitación de proyectos vinculados a esta compañía.
Pese a la relevancia de estos hechos, la documentación incorporada a la causa refleja un cambio organizativo en la gestión de expedientes, sin que de ello se derive, por ahora, ninguna imputación concreta vinculada a esta decisión.
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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