Sentencias judiciales ordenan a ayuntamientos catalanes devolver impuesto a empresas cerradas durante la pandemia

La pandemia sigue generando consecuencias judiciales para la fiscalidad empresarial en Cataluña. Una serie de sentencias judiciales, conocidas entre enero y febrero de 2024, exigen a los ayuntamientos catalanes devolver el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a empresas que cerraron durante la pandemia.

El IAE es un tributo local que grava a sociedades con una facturación anual de al menos un millón de euros. Las empresas afectadas, como AENA, El Corte Inglés, Grupo Moncho's y otras, reclaman la devolución del impuesto en proporción al tiempo que estuvieron cerradas.

Impacto en las arcas municipales

Aunque las cuantías individuales no son significativas, rondando el medio millón de euros en total, la preocupación de los consistorios radica en la veda de reclamaciones que puede abrir este precedente. Los ayuntamientos de Barcelona y Sabadell han visto sentencias desfavorables en el Tribunal Supremo, que ha sentado doctrina al respecto.

Detalles de las sentencias

Las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) benefician a empresas de diferentes sectores, como la restauración y el sector hotelero. Algunas sentencias concretan las cantidades a devolver, como 93.448,08 euros en el caso de El Corte Inglés de Cornellà.

Reacciones de los expertos

Benjamí Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC, critica que se haya impuesto indebidamente la carga de la prueba a los contribuyentes, que han tenido que pagar la cuota anual completa del IAE mientras seguían los procesos judiciales.

Posición de los ayuntamientos

Los ayuntamientos argumentan que existen precedentes que se inclinan a favor de sus tesis, como sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se pronuncian favorablemente al consistorio madrileño en un caso similar.

Relevancia del IAE para los ayuntamientos

El IAE representa alrededor del 3% de los ingresos totales de los ayuntamientos de Catalunya, unos 354 millones de euros al año. Aunque su impacto no es comparable al de la devolución de la plusvalía, supone una preocupación para las arcas municipales.

Futuras implicaciones

La decisión del Tribunal Supremo puede sentar un precedente para futuras reclamaciones, lo que podría afectar significativamente las finanzas de los ayuntamientos catalanes. Los consistorios deberán evaluar sus estrategias para hacer frente a posibles reclamaciones futuras.