El bufete Cremades & Calvo Sotelo se ha personado en la causa del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero en Córdoba, en representación de una víctima con lesiones. La firma argumenta que las indemnizaciones ofrecidas por el Seguro de Viajes Obligatorio no son suficientes. La vía civil podría llevar a una responsabilidad patrimonial del Estado.
Investigación en curso
La jueza Cristina Pastor, de Montoro (Córdoba), investiga el accidente y ya ha aceptado como acusaciones populares a Vox y otras organizaciones, como el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias y la Asociación Hazte Oír.ORG. El Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) también se ha sumado al caso.
Ayudas económicas para víctimas
El Gobierno publicó un paquete de medidas urgentes en enero para atender a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. El decreto establece ayudas directas de 72.121,46 euros por cada persona fallecida y 84.141,7 euros hasta 2.404,04 euros para lesiones corporales, según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros.
Posibles responsabilidades
La representación de la víctima por parte del bufete Cremades & Calvo Sotelo apunta a que la vía civil podría llevar a una responsabilidad patrimonial del Estado. La firma considera que las indemnizaciones ofrecidas no son suficientes y busca una compensación adicional para su cliente.
