En vísperas del primer aniversario del accidente minero en Cerredo, las familias de las víctimas activaron la reclamación de responsabilidad patrimonial al Principado de Asturias. La explosión de grisú en la mina de Degaña dejó cinco fallecidos y presuntamente se desarrolló durante semanas sin detección por la Administración autonómica.
Reclamación de responsabilidad patrimonial
La reclamación fue formulada ante el servicio de Minas del Principado como paso previo a la interposición de una demanda por la vía contencioso-administrativa. El escrito señala que es determinante conocer si existió un funcionamiento normal o anormal del servicio público de inspección en una explotación que operaba presuntamente al margen de los permisos.
Investigación y posibles demandas
La Guardia Civil elaboró informes que apuntan a una actividad ilegal y al incumplimiento de normas mínimas de seguridad. La reclamación patrimonial, activada por las familias de cuatro de los cinco fallecidos, podría verse reforzada por una demanda similar por parte de los mineros supervivientes. Fuentes jurídicas señalan que la reclamación presentada constituye el paso previo a una demanda judicial para que el Principado asuma las indemnizaciones.
Compromiso del Gobierno
El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, reiteró el compromiso del presidente del Principado, Adrián Barbón, de esclarecer los hechos y de que se conozca la verdad. Aún no hay fecha para que se haga público el informe de la Inspección de Servicios sobre el funcionamiento de la Dirección General de Minas. Entre los investigados figuran el empresario minero Jesús Manuel Rodríguez Morán y el ingeniero de la explotación, José Antonio Fernández Casillas.
