La justicia argentina ha ordenado al Gobierno de Javier Milei detener el recorte de fondos a las universidades públicas. Un fallo de segunda instancia exige cumplir con la ley de financiamiento universitario, aprobada el año pasado. La medida busca revertir la caída del 45,6% en los fondos universitarios desde 2023.
El conflicto con las universidades públicas
La universidad pública argentina es una de las instituciones más valoradas por la sociedad, con 64 universidades estatales que albergan a 2,1 millones de alumnos y 159.000 docentes. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró una emergencia salarial y presupuestaria, destacando una pérdida del 32% en el poder adquisitivo de los salarios universitarios desde que asumió Milei.
La ley de financiamiento universitario
La ley aprobada el año pasado estipula la actualización de los fondos según la inflación acumulada. A pesar de que Milei vetó la ley, el Congreso la ratificó. El CIN recurrió a la justicia y obtuvo un fallo favorable. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificaron que el Ejecutivo debe actualizar y recomponer los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
Reacciones y reclamos
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró la decisión, mientras que las federaciones sindicales de profesores exigieron que el Gobierno respete la ley y pague la deuda con docentes y estudiantes. Los sindicatos reclaman una recomposición del 47,3% en los sueldos para recuperar el nivel salarial de hace tres años.
