La confianza en la gestión pública se basa en gran medida en la existencia de procedimientos sólidos y controles eficaces. Recientemente, un informe emitido en el marco del caso Koldo ha destacado la labor de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), un organismo esencial pero poco conocido.
Orígenes y función de la IGAE
La IGAE, regulada en la Ley General Presupuestaria, es responsable de la contabilidad pública y del control interno de la actividad económico-financiera del sector público. Su objetivo es garantizar que la gestión de los recursos públicos se realice de acuerdo con los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Con más de un siglo y medio de existencia, la IGAE ha desarrollado un sistema de control interno profesionalizado y adaptado a la creciente complejidad de la gestión pública.
La importancia del control interno
La IGAE ejerce un control descentralizado sobre toda la Administración del Estado, acercando la función de control a su objeto e incorporándola a la toma de decisiones públicas. Esto exige un elevado rigor técnico, como se puede ver en pericias relacionadas con la contratación de obra pública, donde la actuación de la Intervención debe abarcar desde el análisis de procedimientos de licitación hasta la identificación de posibles desviaciones.
El equipo técnico de la IGAE
La IGAE está integrada por profesionales altamente cualificados con un elevado grado de especialización jurídica y económica. Entre ellos destacan los técnicos de auditoría y contabilidad, que representan la mayor parte de los funcionarios del grupo A que desarrollan funciones de control del gasto público. Sin embargo, su reconocimiento no siempre ha estado a la altura de la importancia de su función.
