Hace tiempo que la justicia ha sido utilizada de manera indebida por personas y entidades que buscan beneficios particulares. Esto no solo ocurre en la jurisdicción penal, con querellas que entorpecen la vida política y dañan la reputación de las personas, sino también en la administrativa y civil. La justicia se ha convertido en una herramienta para presionar o amedrentar a otros, en lugar de ser un instrumento para impartir justicia de manera imparcial.
La instrumentalización de la justicia penal
La jurisdicción penal es una herramienta excepcional que solo debe utilizarse en casos evidentes de delito. Sin embargo, se ha vuelto común que se utilice para fines personales o políticos. Los jueces y fiscales deben aplicar el principio de ultima ratio, que significa que solo se pondrá en funcionamiento en casos en que sea evidente la existencia de un delito. De lo contrario, se corre el riesgo de que la justicia se convierta en un instrumento de persecución política o personal.
El abuso de la jurisdicción administrativa
La jurisdicción administrativa también ha sido objeto de abuso. Los ciudadanos y entidades presentan reclamaciones sin fundamento para presionar a las administraciones públicas o para obtener beneficios económicos. Los jueces administrativos deben ser cuidadosos al evaluar estas reclamaciones y no permitir que se utilice la justicia como un instrumento para entorpecer la labor de las administraciones.
