El juez Francisco Javier de la Torre, titular de la plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, ha ordenado clonar el móvil y el correo electrónico de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme). La medida se enmarca en la investigación por un presunto fraude en subvenciones relacionadas con el bono comercio.
Investigación por presunto fraude en subvenciones
El volcado de los dispositivos tecnológicos de Baño ha sido acordado para avanzar en la investigación por un presunto fraude en subvenciones. La diligencia será llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial. El investigado no se ha opuesto a esta medida, que busca recabar indicios a través de las comunicaciones de Baño sobre las presuntas irregularidades.
La causa se inició a raíz de una denuncia remitida por la Agencia Antifraude de la Generalitat por supuestas irregularidades en la gestión del bono comercio. Tras un año de pesquisas por parte de los fiscales Anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco, estos trasladaron el asunto al juzgado. El juez decidió abrir diligencias un mes después de recibir la causa y acordó tanto la detención de Baño como el registro de la sede de Facpyme.
Detención y registro de la sede de Facpyme
El pasado 13 de marzo, Baño fue detenido y posteriormente quedó en libertad provisional en calidad de investigado por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad. La detención se produjo junto con un registro en la sede de Facpyme. Las diligencias iniciales también contemplaban otros posibles delitos, como estafa, apropiación indebida y malversación.
La Policía Nacional analiza ahora la documentación intervenida durante el registro, que incluye cajas con la contabilidad de las campañas del bono comercio de los años 2022 y 2023. La documentación permanecía precintada desde el día del registro en dependencias judiciales, pero ya se ha autorizado su traslado a Comisaría para su análisis por parte de la UDEF.
Análisis de la documentación y próximas diligencias
Se trata de determinar si los consistorios abonaron importes superiores a los debidos por estas gestiones. El análisis de la documentación intervenida y lo que encuentre en ella la Policía marcará el inicio de los interrogatorios. Asimismo, está previsto solicitar a la Diputación de Alicante las convocatorias de las campañas correspondientes a los dos ejercicios bajo sospecha.
La investigación trata de esclarecer la creación de una sociedad instrumental, Nexo Retail Alicante S. L., que habría gestionado con una veintena de ayuntamientos las ayudas del bono comercio pese a carecer, supuestamente, de sede, personal y medios. Esta empresa subcontrataba los trabajos con otra mercantil, que entre otras funciones habilitaba las pasarelas de pago de las ayudas al consumo local y remitía las facturas con el importe de los servicios prestados a Nexo Retail.
Irregularidades en la gestión del bono comercio
Según las fuentes consultadas, dichas facturas habrían sido engordadas posteriormente, introduciendo conceptos imprecisos y de difícil fiscalización para justificar sobreprecios. Nexo Retail las habría remitido a Facpyme, también presidida por Baño, que a su vez las trasladaba al cobro a los ayuntamientos, los cuales habrían llegado a pagar hasta el doble del coste real del servicio.
Bloqueo de cuenta y estimación del fraude
El juzgado ha bloqueado una cuenta de la empresa con más de 100.000 euros ingresados, aunque se estima que el fraude podría superar los 770.000 euros, que son las ganancias declaradas por la sociedad en dos años. Nexo Retail fue constituida el 13 de julio de 2022, poco antes de que la Diputación lanzara el programa del bono comercio.
Modificaciones en la sociedad
Baño figuraba como administrador único y Facpyme era su único socio. Tras conocerse la investigación de Anticorrupción, la mercantil modificó su órgano de administración. Baño pasó a ser presidente del consejo, con Vicente Armengol como vicepresidente y José Antonio López Vizcaíno como secretario. Asimismo, el domicilio fiscal cambió el 30 de octubre de 2025.
Conclusión
Por el momento, el presidente de la Cámara es el único investigado en la causa.