La coalición Sumar mantiene su firme compromiso de impulsar el decreto de vivienda que congela los alquileres, pese a las reticencias de Junts y el escepticismo de los socialistas. Con el apoyo de sindicatos y entidades sociales, Sumar combina el diálogo político con la presión social para intentar que el Congreso convalide la medida antes del 6 de mayo.
El Desafío de Junts
El partido de Puigdemont ha reiterado su negativa a aprobar la medida, lo que ha generado un obstáculo significativo para la coalición izquierdista. Sin embargo, Sumar confía en la mayor predisposición al acuerdo de los nacionalistas vascos, el PNV, y en la posibilidad de avanzar en este punto con los catalanes.
La clave para Sumar está en Junts, ya que su voto es crucial para la aprobación del decreto. Aunque el PNV tampoco se ha mostrado muy favorable, los responsables de Sumar creen que los nacionalistas vascos están más dispuestos a negociar.
La Estrategia de Sumar
Sumar prepara contactos con el conjunto del arco parlamentario, pero su enfoque principal está en Junts. La coalición izquierdista ha tomado la cuestión como su gran bandera, en un momento en que las fuerzas a la izquierda del PSOE necesitan un revulsivo para recuperarse de sus patinazos electorales.
El ministerio de Derechos Sociales y Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, es parte principal de la ofensiva para intentar crear un clima favorable a la medida en la opinión pública. El ministerio ha enviado una carta a 13 grandes grupos inmobiliarios para recordarles que el decreto está plenamente en vigor y es su obligación acatarlo.
