El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se enfrenta a un nuevo desafío judicial derivado de la investigación sobre la dana. Aunque eximido de responsabilidad en la causa principal, un nuevo frente se abre vinculado a la actuación del Consell tras la tragedia. La guerra mediática contra el Gobierno central vuelve a poner en entredicho su entorno más cercano.
La investigación sobre la filtración de llamadas
La jueza de Instrucción 6 de Llíria investiga la filtración de una llamada entre una operadora de Aemet y otra del 112, que cuestionaba el papel de la agencia estatal en la gestión de la emergencia. La grabación, manipulada y recortada, fue filtrada a medios próximos al Palau. La instrucción, abierta tras una denuncia de la Fiscalía, sigue por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La investigación señala a Presidencia de la Generalitat como posible responsable de la filtración. La jueza acumula indicios de que el origen de la difusión indebida está en la administración autonómica. La Generalitat Valenciana es la encargada de grabar y conservar las llamadas del 112.
El papel de altos cargos de la Conselleria de Interior
La jueza ordenó a la Guardia Civil que averiguara quién había accedido a la grabación. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, aportó información determinante: dos altos cargos de la Conselleria de Interior, Ricardo García y Alberto Martín Moratilla, accedieron a la llamada y se llevaron una copia en un pendrive. Ambos fueron cesados en sus cargos poco después.
