La Audiencia de Palma ha ratificado una sentencia que obliga a una empresa de instalación de piscinas a devolver 5.384 euros a una clienta de Montuïri. La clienta había encargado una piscina prefabricada, pero el Ayuntamiento no autorizó el proyecto a finales de 2020.
Incumplimiento contractual
La clienta había solicitado la instalación de una piscina prefabricada en su propiedad de Montuïri. La empresa elaboró un presupuesto de 17.800 euros más IVA, que incluía mano de obra, instalación, excavación y retirada de material, electrolisis salina y proyecto de piscina. La clienta abonó 6.884 euros a cuenta del precio.
Problemas con la autorización
Sin embargo, el Ayuntamiento de Montuïri emitió una resolución desfavorable el 26 de noviembre de 2020, requiriendo modificaciones al proyecto. La clienta intentó contactar con la empresa para resolver el problema, pero no se adoptaron medidas. La empresa solicitó 800 euros adicionales para modificar el proyecto, lo que la clienta rechazó.
Decisión judicial
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda de la mujer y obligó a la empresa a devolver el dinero entregado, excepto 1.500 euros satisfechos como coste del proyecto. La Audiencia ha confirmado el fallo, declarando resuelto el contrato debido a la imposibilidad de ejecución por las exigencias municipales.
