La jueza instructora del caso de la tragedia de El Bocal, en Santander, ha solicitado explicaciones a la Policía Local sobre los protocolos de actuación para atender alertas del servicio de emergencias 112. El pasado 3 de marzo, seis jóvenes murieron al colapsar una pasarela en la senda costera santanderina. La investigación busca determinar si el aviso previo al accidente quedó atrapado en un vacío operativo.
Detalles de la investigación
La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Santander busca esclarecer la dinámica ordinaria de actuación cuando se comunican avisos de este tipo. La gestora del 112 y la agente de la Policía Local que recibieron el aviso declararon lagunas relevantes en la cadena de actuación. La jueza considera que sus testimonios justifican la necesidad de investigar más a fondo.
La Policía Local de Santander debe informar si existe un protocolo específico para la gestión de llamadas o avisos y si dicho protocolo se activa únicamente cuando la alerta procede de ciudadanos o también cuando llega desde otros servicios de emergencias. La investigación apunta a la posibilidad de que el aviso previo al siniestro quedara sin una respuesta clara ni trazable.
Identificación de responsables y testigos
La jueza ha ordenado identificar a los superiores jerárquicos de la agente que recibió el aviso y a otros policías que desempeñen funciones similares en el centro de coordinación de la Policía Local. Estos serán citados como testigos. La misma diligencia se extiende al servicio 112, donde se reclama identificar a los responsables de la gestora que atendió la llamada inicial y de otros operadores con funciones equivalentes.
