La sentencia que no frena el negocio
El Tribunal de Instancia de Madrid acaba de condenar a la agencia Go4Baby por realizar "publicidad ilícita y desleal" al ofrecer gestación subrogada en Internet. La sentencia ordena el cese inmediato de la campaña y prohíbe su reiteración. El fallo estima íntegramente la demanda de la Fiscalía y recuerda que estas prácticas "no pueden ser objeto de promoción comercial en España".
Sobre el papel, el mensaje es claro. En la práctica, el negocio continúa sin interrupciones. Las agencias operan con normalidad a través de webs, dominios espejo y publicidad encubierta. Basta abrir un navegador para encontrar ofertas de gestación subrogada dirigidas a clientes españoles, con eslóganes como "¿Cuánto vale tu hijo?".
Dominios espejo y teléfonos españoles
Gestlife es un ejemplo paradigmático. Su web principal muestra un aviso legal: "Gestlife no puede hacer publicidad en España", invocando la Ley Orgánica 1/2023 que prohíbe la promoción de estas prácticas. Acto seguido, la empresa invita al usuario a "dirigirse a uno de los países donde está permitida" para obtener información.
Esa coartada legal convive con una red de dominios internacionales —gestlifesurrogacy.us y similares— que utilizan los mismos teléfonos españoles, las mismas direcciones en España y descripciones detalladas de programas, precios y garantías. La empresa mantiene además una presencia destacada en Google mediante la compra de palabras clave, incluidos competidores como Go4Baby.
Desde cualquiera de sus páginas, bombardean a usuarios con anuncios en Instagram para concertar citas. El mensaje es directo: "Tú no te encargas de nada. Solo de aportar el material genético. Del resto se ocupa Gestlife y sus filiales".
Precios y garantías de reemplazo
Los costes son explícitos. Un proceso de gestación subrogada en Ucrania cuesta entre 53.000 y 75.000 euros. La empresa presenta el país como un mercado favorable: "hay un superávit de oferta de gestantes", "no hay lista de espera" y "los programas son más económicos". Esto ocurre mientras Ucrania sufre bombardeos constantes que dejan víctimas civiles.
El servicio se estructura en capas. Primero, selección: diagnóstico genético para "asegurar que cada embrión implantado sea el mejor". Después, ejecución: pagos por fases, acompañamiento 24/7, gastos cubiertos. Si algo falla, incluye "reinicio del programa" —un eufemismo para la garantía de sustitución del niño (menores de dos años) "en caso de fallecimiento del bebé por cualquier motivo o causa, incluidos accidentes domésticos o de tráfico".
El objetivo, según la empresa, es que el cliente tenga "la certeza de que tendrá el hijo tan deseado, pase lo que pase".
El vacío entre la ley y la realidad
La Ley Orgánica 1/2023 prohíbe explícitamente la gestación subrogada y su promoción comercial en España. Los tribunales dictan sentencias condenatorias. Pero mientras los juzgados imponen sanciones y prohibiciones, las empresas operan sin interrupciones utilizando estructuras legales en el extranjero —a menudo a través de firmas pantalla en Estados Unidos— que les permiten mantener contacto directo con clientes españoles.
La arquitectura del fraude es sofisticada: avisos legales que cumplen formalmente con la ley, dominios internacionales que esquivan la jurisdicción española, publicidad dirigida a través de redes sociales y motores de búsqueda. Para el cliente, el proceso es transparente: aporta esperma, la agencia gestiona todo lo demás en el extranjero, y recoge al bebé en aproximadamente 18 meses.
Los tribunales ganan casos. Las agencias cambian de dominio y continúan.
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Corresponsal Internacional
Corresponsal internacional con base en Bruselas. Experta en asuntos europeos.
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