Lead: ex alto cargo de ADIF revela llamada de Ábalos sobre presiones a Jéssica Rodríguez
Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de ADIF, declaró ante el Tribunal Supremo que Isabel Pardo de Vera le informó de una llamada de José Luis Ábalos advirtiendo que en Ineco molestaban a la expareja del ministro, Jéssica Rodríguez, quien percibió 43.978 euros sin ejercer actividad laboral. La declaración se produce en el marco del juicio iniciado el 7 de abril de 2026.
Declaraciones de Zaldívar y la supuesta intervención del ministro Ábalos
Zaldívar aseguró desconocer los términos exactos de la conversación, pero recordó que la llamada le dejó la impresión de que el contrato era “especial” por los contactos con el ministro. Señaló que, tras la advertencia, buscó la identidad de la joven y pidió el currículo para que continuara trabajando a través de Tragsatec. La investigación confirma la existencia de la llamada y la referencia a “cheques de comida” como motivo de presión.
Contratación de Jéssica Rodríguez: cronología, salarios y ausencia de actividad
Marzo 2019: contratación en Ineco.
Noviembre 2020: solicitud de extensión del contrato a Koldo García.
Final de contrato: término de la relación contractual.
Durante este periodo, Rodríguez percibió 43.978 euros en total. Zaldívar afirmó que no conocía sus funciones y que, al igual que otras 300 personas en encargos similares, su labor no estaba registrada. La ausencia de actividades documentadas refuerza la acusación de contratación irregular.
Implicación de Isabel Pardo de Vera y Koldo García en la trama de contrataciones
Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF entre 2018 y 2021, está investigada por malversación, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Su papel en la decisión de prorrogar o rescindir el contrato de Rodríguez fue clave: tras la llamada de Ábalos, Pardo de Vera informó a Zaldívar y a Koldo García, quien solicitó la intervención del ministro y pidió la renovación del contrato. La solicitud de García se realizó antes de que Pardo de Vera comunicara su negativa a prorrogar el vínculo laboral.
Juicio actual, cargos y posibles repercusiones políticas
El proceso judicial comenzó el 7 de abril de 2026. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, mientras que la acusación popular del PP solicita 30 años. El caso pone en jaque la carrera de Ábalos, la reputación de ADIF y la estabilidad del Partido Socialista. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de testigos para declarar por videoconferencia, obligando a la comparecencia presencial.
En la primera jornada, Virginia Barbancho, exresponsable técnico de Tragsatec, confirmó haber recibido el currículum de Rodríguez y haber sido informada por Zaldívar de la supuesta relación familiar con Koldo García. Estas declaraciones refuerzan la teoría de una red de influencias que facilitó la contratación sin justificación laboral.
La situación ha generado un intenso debate interno en el PSOE. Algunos miembros advierten que el escándalo podría erosionar la confianza ciudadana, mientras que otros resaltan la necesidad de una respuesta rápida para limitar el daño político. En este contexto, el partido busca distanciarse de los presuntos actos de corrupción sin perder el control del gobierno.
Para comprender mejor el alcance de la trama, es útil comparar este caso con otros escándalos recientes en el ámbito público. Por ejemplo, el caso del expresidente de Renfe, quien admitió haber remitido currículos de forma irregular, muestra un patrón de nombramientos que favorecen a allegados (el expresidente de Renfe declara…).
Asimismo, la reciente declaración de Claudia Montes ante el Supremo, donde negó haber recibido recomendación directa de Ábalos, ilustra la complejidad de las relaciones de influencia dentro del partido (Claudia Montes declara ante el Supremo…).
En conclusión, el juicio contra Ábalos y los implicados en la contratación de Jéssica Rodríguez constituye un punto de inflexión para la política española. La decisión judicial determinará no solo la responsabilidad penal de los acusados, sino también el futuro de la confianza pública en las instituciones del Estado.
