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La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo de la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt y otros cinco sospechosos por una presunta trama de blanqueo de capitales en España. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó el caso el pasado 25 de marzo, pero los fiscales consideran que la decisión es prematura y que quedan diligencias por practicar.
Los hechos principales
La investigación se abrió en 2025 tras una denuncia de Anticorrupción que apuntaba a una operación de introducción de dinero en Europa procedente de un fraude de 4.350 millones de dólares (3.778 millones de euros). Según los fiscales, el dinero provenía de un "supuesto préstamo" firmado en marzo de 2012 entre la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic.
El origen de las pesquisas fue una información procedente de Suiza que describía un entramado de operaciones: compra de acciones, adquisición de inmuebles de alto valor y apertura de empresas para canalizar el dinero a través de conductos europeos. Los investigadores también detectaron pagos de "sobornos" a funcionarios venezolanos.
Por qué el juez archivó
Pedraz justificó el archivo argumentando que la justicia venezolana es competente para investigar los delitos cometidos por sus ciudadanos en su territorio. El magistrado señaló que Venezuela ya había determinado que el préstamo era conforme a la legalidad del país y no constituía delito, por lo que esa resolución tiene "eficacia jurídica internacional" según el convenio de 1994 entre España y Venezuela sobre ejecución de sentencias penales.
El argumento de Anticorrupción
Para los fiscales, sin embargo, el caso "se ha cerrado prematuramente". Señalan una contradicción fundamental: el juez había acordado previamente la declaración de varios testigos venezolanos pero archivó la causa sin ni siquiera escucharlos.
"Si una diligencia fue acordada por ser considerada necesaria para la averiguación del hecho, el juez no puede, acto seguido, afirmar que el hecho no está acreditado sin haberla practicado", sostienen en su recurso.
Los fiscales subrayan que lo investigado en Venezuela fue el fraude en sí, mientras que en España el foco está en la corrupción entre "los empresarios y los funcionarios corruptos" que participaron en el blanqueo.
Testigos pendientes
Desde el pasado 9 de octubre está pendiente la toma de declaración de cinco empresarios para los que se acordó una comisión rogatoria a Estados Unidos. Entre ellos figuran Luis Carlos de León, exdirector financiero de La Electricidad de Caracas (filial de PDVSA), y Abraham Edgardo Ortega Morales, exdirector ejecutivo de planificación financiera de la petrolera. También están Luis Fernando Vuteff, empresario argentino yerno del líder opositor Antonio Ledezma, condenado en Estados Unidos por blanqueo de capitales, y Álvaro Ledo Nass, abogado también procesado en Estados Unidos.
La Fiscalía también denunció al primo de Betancourt Pedro José de Jesús Benito Trebbau y al empresario venezolano Francisco Convit por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Qué ocurrirá ahora
La decisión de si continúa o se mantiene el archivo dependerá ahora de la Audiencia Nacional, que deberá resolver el recurso de Anticorrupción. Si los magistrados estiman la apelación de los fiscales, la investigación continuaría y se practicarían las declaraciones pendientes de los testigos estadounidenses.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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