La decisión de la Junta
La Junta de Andalucía ha decidido este año modificar la norma que regula el canon del agua para desviar los fondos recaudados hacia obras no relacionadas con el saneamiento. Esta decisión llega en plena crisis de infraestructuras hídricas deficientes en la región.
Cada usuario doméstico, industrial o agrícola paga en su recibo del agua una cantidad destinada a financiar obras de saneamiento. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), derogó este impuesto en 2022 tras calificarlo de "fraude". Un año después rectificó y lo reimplantó con un incremento del 30%, pasando de 156 a 23,4 millones de euros anuales.
La norma que establece el canon especifica que su finalidad es "posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas". Sin embargo, la Junta ha decidido ahora desviar esos fondos a otras obras.
El coste de las multas europeas
Esta decisión llega cuando España enfrenta sanciones millonarias por incumplir la normativa comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales. En diciembre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que España vulneró de forma reiterada la directiva comunitaria en medio centenar de aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes, entre ellas 15 en Andalucía, además de Donostia, Cáceres y Mérida.
Las cifras de las sanciones son brutales. El Estado paga 1.064.904 euros cada semestre en multas por deficiente tratamiento en Barbate (Cádiz) y 744.624 euros por Matalascañas (Huelva). La Junta andaluza abona 634.320 euros cada seis meses por Alhaurín el Grande (Málaga). Desde 2018, las administraciones central y autonómica han pagado 84.772.670 euros en multas, cifra que ascenderá a 100 millones al finalizar esta década.
Los ayuntamientos en la cuerda floja
Los municipios también cargan con el peso de esta falta de infraestructuras. Ayuntamientos como Almodóvar del Río y Benamejí, ambos de Córdoba, han recurrido contra propuestas de sanción de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos.
Sus alegaciones se amparan en una sentencia reciente del Tribunal Supremo que establece que "el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas que resulten imprescindibles para el tratamiento de aguas residuales podrá eximir de responsabilidad a las entidades locales competentes".
Benamejí argumenta en sus escritos que "los límites de emisión fijados reglamentariamente solo son alcanzables mediante tratamientos e instalaciones que no existen en Benamejí por falta de ejecución autonómica". El municipio añade que no es jurídicamente exigible que sustituya a la Comunidad Autónoma en la construcción de esas infraestructuras imprescindibles.
La paradoja del dinero desviado
La depuración de aguas es, según evidencian las resoluciones judiciales y las denuncias de la Unión Europea, urgente, necesaria y gravosa para las arcas públicas. Sin embargo, la Junta ha optado por desviar los fondos específicamente recaudados para este fin hacia otras obras.
Esta decisión deja a Andalucía en una posición complicada: sigue acumulando sanciones por infraestructuras deficientes mientras reduce los ingresos destinados a corregirlas. Los municipios, atrapados entre las exigencias europeas y la falta de inversión autonómica, buscan amparo en los tribunales.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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