La decisión de la Junta
La Junta de Andalucía ha decidido este año modificar la norma que regula el canon del agua para desviar los fondos recaudados hacia obras no relacionadas con el saneamiento. Esta decisión llega en plena crisis de infraestructuras hídricas deficientes en la región.
Cada usuario doméstico, industrial o agrícola paga en su recibo del agua una cantidad destinada a financiar obras de saneamiento. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), derogó este impuesto en 2022 tras calificarlo de "fraude". Un año después rectificó y lo reimplantó con un incremento del 30%, pasando de 156 a 23,4 millones de euros anuales.
La norma que establece el canon especifica que su finalidad es "posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas". Sin embargo, la Junta ha decidido ahora desviar esos fondos a otras obras.
El coste de las multas europeas
Esta decisión llega cuando España enfrenta sanciones millonarias por incumplir la normativa comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales. En diciembre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que España vulneró de forma reiterada la directiva comunitaria en medio centenar de aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habitantes, entre ellas 15 en Andalucía, además de Donostia, Cáceres y Mérida.
Las cifras de las sanciones son brutales. El Estado paga en multas por deficiente tratamiento en Barbate (Cádiz) y por Matalascañas (Huelva). La Junta andaluza abona por Alhaurín el Grande (Málaga). Desde 2018, las administraciones central y autonómica han pagado , cifra que ascenderá a .
