Crisis minera en Asturias: Barbón bajo presión para cesar a dirigentes
El informe de la Inspección General de Servicios ha reabierto el debate sobre la gestión del Servicio de Minas tras el accidente de la mina de Cerredo que dejó cinco muertos. La presión recae sobre el presidente regional Adrián Barbón, quien debe decidir si cesa a los cargos políticos implicados.
El documento, solicitado hace un año, señala graves fallos: inspecciones con "chivatazo", uso de proyectos de investigación (PIC) para eludir cierres obligatorios y una plantilla insuficiente. Estos hallazgos han encendido la demanda de depuración de responsabilidades.
Detalles del informe y las reivindicaciones de los actores políticos
La Inspección concluye que la Consejería de Industria no actuó con la diligencia requerida, permitiendo que la mina siguiera operando pese a los riesgos evidentes. Entre los nombramientos señalados están Enrique Fernández, presidente de Hunosa, y Nieves Roqueñí, exconsejera del Musel, cuyo cese ya había sido pedido por el gobierno local de Gijón.
El partido de izquierdas IU, representado por Ovidio Zapico, ha anunciado que analizará el informe en su Colegiada y definirá una hoja de ruta política. "El informe abre la vía para respuestas administrativas, judiciales y políticas", afirmó Zapico.
