Ley de Eficiencia judicial muestra su primer balance: +3 % de juicios y -4,5 % de pendencia civil

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, informó este lunes ante la Comisión Constitucional que, tras el primer aniversario de la Ley de Eficiencia judicial, los indicadores de actividad judicial mejoran. La norma, vigente desde el 2 de enero de 2025, sustituyó los juzgados tradicionales por tribunales de instancia.

Ley de Eficiencia judicial: resultados tras un año de implementación

Los datos oficiales revelan un aumento del 3 % en los juicios celebrados respecto al año anterior y una reducción del 4,5 % en la pendencia civil. A nivel global, la pendencia disminuyó un 0,67 %, rompiendo una tendencia al alza que había registrado un crecimiento del 13,7 % en 2024 según el CGPJ.

Detalles de la reforma y sus efectos inmediatos

Los tribunales de instancia agrupan a todos los jueces de un territorio bajo servicios comunes, eliminando la figura del juzgado titular. Esta organización permite redistribuir cargas y acelerar la tramitación. Paralelamente, la Ley de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), en vigor desde abril de 2025, obligó a intentar un acuerdo antes de acudir a los tribunales, lo que redujo los litigios civiles en un 20,4 %.

Perspectivas y próximos pasos para la justicia española

Las asociaciones judiciales no comparten el entusiasmo del Gobierno. La plataforma Juezas y Jueces para la Democracia reconoce que la reforma avanza sin graves disfunciones, pero señala problemas operativos pendientes. Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura califica los resultados de "pirotecnia" y advierte que "no se tramita nada y no está saliendo trabajo".

En respuesta, el Ministerio anunció la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales en los próximos doce meses, lo que elevará la planta judicial en un 8,5 % y la fiscal en un 7,1 %. Estas ampliaciones buscan reforzar la capacidad del sistema y consolidar la tendencia a la baja de la pendencia.

A pesar de los avances, persisten tensiones. La Fiscalía ha manifestado su oposición a la semilibertad de ciertos reclusos, un tema que vuelve a poner a prueba la coordinación entre los nuevos tribunales y la política penal (Fiscalía se opone a la semilibertad de Anboto). Asimismo, casos como la citación de testigos en la causa de la dana demuestran que la carga de trabajo sigue siendo alta (Jueza citó al chófer de Salomé Pradas y a bomberos de Chiva como testigos en la causa de la dana).

El balance muestra que la Ley de Eficiencia judicial está cumpliendo sus objetivos cuantitativos, aunque la consolidación de su modelo organizativo y la gestión de críticas siguen siendo retos clave para el futuro de la justicia española.