Resumen de la sentencia
El miércoles, la Audiencia Provincial de Vigo aceptó la condena contra Marta Fontán, exadministrativa de Hormigones Valle Miñor S.A., a dos años de cárcel (suspendida) por apropiarse de 100.000 € de la caja fuerte de la compañía. La sentencia obliga a la condenada a devolver la suma en cuotas de 500 € al mes, con un plazo máximo de cinco años. Su compañero sentimental se comprometió ante el tribunal a aportar esas cuotas para cubrir la responsabilidad civil.
Detalles del delito y de la condena
Fontán trabajaba desde hace más de 30 años como administrativa encargada de la gestión de ingresos en la caja fuerte. Tenía la llave y conocía la combinación, lo que le permitía acceder al efectivo sin supervisión. "En diversas ocasiones, a lo largo de varios años, hasta el día 13 de octubre de 2023, aprovechando que tenía el acceso descrito a la caja de la citada empresa, y guiada por un ánimo de enriquecimiento ilícito, se fue apoderando de diversas cantidades de efectivo, que le habían entregado para ser depositadas en la caja fuerte, por importe total de 100.000 euros, que no devolvió" señaló la Fiscalía.
La pena privativa de libertad quedó suspendida bajo la condición de que Fontán no cometa nuevos delitos durante los próximos cinco años y que cumpla con el pago mensual acordado. El tribunal también estableció la obligación de devolver el dinero en cuotas, con la garantía de que su pareja cubrirá los 500 € mensuales hasta saldar la deuda.
Contexto y posibles repercusiones
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los controles internos en pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción. La falta de supervisión permitió que una empleada con acceso privilegiado desviara fondos durante años sin ser detectada. Sentencias como esta sirven de advertencia para otras compañías, que deberán reforzar sus protocolos de seguridad y auditoría.
En el panorama judicial, la condena se suma a otras decisiones de alto impacto, como la de los 83 años de cárcel para el pederasta del Raval, mostrando la firmeza de los tribunales ante conductas delictivas graves.
Para los empleados y directivos del sector, la noticia subraya la necesidad de revisar quién tiene acceso a los fondos y de implementar mecanismos de control que impidan la repetición de hechos similares.
Cierre
Con la ejecución de la pena suspendida y el compromiso de devolución, la justicia busca reparar el daño económico y disuadir futuras apropiaciones indebidas. El seguimiento del cumplimiento de la obligación civil será clave para determinar si la medida logra su objetivo preventivo.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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