Mascarillas infladas y contratos millonarios: Koldo García y Víctor de Aldama comparecen ante el Supremo

En paralelo, el gobierno adjudicó a Soluciones de Gestión S.L. contratos por 36 millones de euros para suministro de material sanitario y servicios logísticos. La UCO ha identificado comunicaciones entre funcionarios de Adif y representantes de la empresa, que indicarían una coordinación para favorecer a la compañía vinculada a Aldema.

La investigación también apunta a la participación de un ex director general de Gestión de Personas en Adif, quien habría gestionado la tramitación de los contratos de emergencia. Correos electrónicos del 5 de diciembre de 2023 revelan que conocía la existencia de 785 empleados sin cobertura presupuestaria en la entidad pública, lo que sugiere una red de enchufes.

«Se trata de un esquema de sobreprecios que se activó en tiempo récord, con la complicidad de altos cargos», señaló el fiscal durante la audiencia.

Contexto breve del escándalo Ábalos

El caso forma parte de la investigación más amplia de la UCO sobre la supuesta red de corrupción vinculada al ex ministro José Luis Ábalos. La pesquisa, iniciada en 2023, ha revelado la implicación de asesores cercanos, como Koldo García, y de empresarios del sector sanitario y de infraestructuras.

Entre los antecedentes, la Fiscalía ya había citado a varios directivos de Adif y Puertos del Estado, así como a ex funcionarios del Ministerio de Transportes, para esclarecer la forma en que se canalizaron los fondos públicos. La audiencia de hoy amplía el foco hacia la fase operativa de la trama, donde la compra de mascarillas y los contratos de gestión se convirtieron en los principales vehículos de los presuntos delitos.

Para seguir el desarrollo del juicio, consulte la cobertura de Juicio mascarillas: avanza la cuarta sesión y surge el apodo "Don Koldo" y la investigación sobre el Parking fantasma de Torre Baró.

Cierre

La comparecencia de García y Aldema no resuelve el caso, pero permite a los magistrados profundizar en la mecánica de los sobreprecios y en la posible colusión entre empresarios y funcionarios. La Fiscalía ha anunciado que, si se confirman los indicios, se presentarán cargos formales contra los responsables de la adjudicación de los contratos y contra los funcionarios que habrían facilitado la operación. El desenlace del proceso podría implicar revisiones de otros contratos de emergencia y una mayor presión sobre la gestión de fondos públicos en situaciones de crisis.