El pasado viernes se produjo en la mina de Cerredo, Asturias, un siniestro mortal durante una extracción ilegal de carbón llevada a cabo por la empresa Blue Solving, que causó la muerte de cinco trabajadores.
Caso Cerredo: el Gobierno de Barbón no descarta responsabilidades políticas
El portavoz del Ejecutivo regional, consejero Guillermo Peláez, reiteró que «no se cierra ninguna puerta» para depurar responsabilidades políticas derivadas del accidente. La declaración se hizo en una rueda de prensa donde se subrayó el compromiso de esclarecer todos los hechos, sin descartar a exintegrantes del gobierno.
Peláez señaló que la única investigación concluida hasta la fecha es la realizada por la Inspección General de Servicios, iniciada por orden del presidente Adrián Barbón. Sin embargo, advirtió que tanto la vía judicial como la parlamentaria seguirán avanzando a medida que aparezcan nuevos datos.
El Ejecutivo ha dejado clara su intención de actuar con «tranquilidad y determinación», descartando decisiones precipitadas y manteniendo la puerta abierta a posibles cambios en la estructura del gobierno.
Detalles del debate y presiones internas
En el seno del PSOE, la corriente de izquierda exige que se señalen como responsables a los exgestores de la Consejería de Transición Ecológica: , y , así como al exviceconsejero . Estos nombres aparecen como posibles culpables de las deficiencias detectadas en el Servicio de Minas.
