La jueza María Isabel Durántez, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Madrid, ha citado al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como 'Mon', para que comparezca el 15 de noviembre a las 13:00 horas y rinda declaración como investigado.
Fachada del edificio de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid
La citación se produce en el marco de la causa que investiga irregularidades en la adjudicación de obras a la Guardia Civil entre 2008 y 2019.
La investigación, que hasta septiembre se gestionaba por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ávila, fue transferida al actual tribunal madrileño, que ahora dirige las pesquisas.
Detalles de las presuntas irregularidades
Según los informes del Servicio de Asuntos Internos, al menos 13 comandancias recibieron contratos por un total de 3,3 millones de euros. En varios de esos expedientes se constata que las facturas presentadas correspondían a trabajos que nunca se ejecutaron o que se realizaron solo de forma parcial.
En declaraciones policiales anteriores, Tejera admitió haber facturado y cobrado por servicios inexistentes. "Reconozco haber facturado por servicios que nunca ejecuté", aseguró el empresario.
Entre 2016 y 2017, presentó facturas por labores de pintura, fontanería y electricidad en los 27 acuartelamientos de la comandancia de Ávila, con importes inferiores a 5.000 euros, sin que se llevaran a cabo.
El empresario también reconoció que, en algunos cuarteles, las obras estaban ya terminadas por otras empresas, por lo que el importe facturado no coincidía con la realidad. En otros, como Hoyo de Pinares o el Puesto de Ávila, no se realizó ningún trabajo.
En total, las facturas impugnadas suman cerca de 200.000 euros, cifra que la Fiscalía considera indebidamente percibida.
Para compensar los cobros indebidos, Tejera afirmó haber ejecutado obras no presupuestadas originalmente, bajo la supervisión del teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, jefe de la comandancia de Ávila entre 2015 y 2017, a quien habría informado de la imposibilidad de ejecutar determinadas partidas.
El teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez compareció a petición propia en septiembre y negó haber participado en ninguna irregularidad.
Posibles consecuencias y próximos pasos
Los hechos podrían encuadrarse como falsedad documental, falsedad mercantil y malversación. Según la normativa, la falsedad documental puede conllevar hasta cuatro años de prisión, mientras que la malversación puede llegar a seis años.
La Fiscalía, que actúa como parte acusadora, ha solicitado al juez que valore la práctica de pruebas periciales para determinar la autenticidad de los documentos presentados.
Si se abre la fase de instrucción, Tejera podría enfrentar una pena de prisión y la devolución de los importes indebidamente percibidos. La causa sigue abierta y se espera la resolución del juez en los próximos días.
El caso ha suscitado reacciones entre los representantes de la Guardia Civil, que han reiterado su compromiso con la transparencia en la gestión de los recursos.
Conclusión
El caso pone de relieve la necesidad de reforzar los controles en la contratación pública de la Guardia Civil y alerta sobre posibles irregularidades en la gestión de fondos destinados a infraestructuras militares. Los ciudadanos y los partidos de oposición han pedido una auditoría independiente de los contratos de la Guardia Civil para evitar nuevas irregularidades.
