Admisión del recurso
El pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde‑Pumpido, admitió a trámite el recurso de amparo presentado por una mujer que alegó haber sufrido una fractura de nariz durante una detención policial en Córdoba en 2013. La admisión se produce el 14 de enero de 2025 en Madrid y se califica como de "especial trascendencia constitucional".
Detalles del proceso judicial y argumentos
El caso llegó a la Audiencia Nacional, que concedió una indemnización de 3.000 € tras aceptar el dictamen del Comité contra la Tortura de la ONU que reconocía la lesión. El Tribunal Supremo anuló esa indemnización, argumentando que el dictamen del Comité no constituye prueba vinculante para la administración española. En la Sala de lo Contencioso, la decisión fue unánime.
Dos magistrados del Supremo, Pablo Lucas y José Luis Requero, emitieron voto particular a favor de mantener la indemnización. Señalaron que existía evidencia clara de que la fractura no estaba presente antes del arresto y apareció tras la detención, por lo que la responsabilidad patrimonial del Estado debía confirmarse.
Posibles repercusiones y próximos pasos del TC
Al calificar el caso como de especial trascendencia constitucional, el TC podría aclarar la aplicación del artículo 10.2 de la Constitución, que regula la fuerza vinculante de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Una sentencia que afirme la vinculancia del dictamen del Comité contra la Tortura sentaría precedente para futuros reclamos de responsabilidad patrimonial del Estado.