Gobierno de Asturias lleva al Supremo la negativa de Transportes a anular el peaje de la AP‑66

Contexto legal y económico de la prórroga del peaje

La concesión original de 2000 otorgó a AUCALSA el derecho a explotar la AP‑66 durante cinco décadas. La declaración de ilegalidad de la Comisión Europea se basa en la infracción de la normativa europea sobre concesiones de infraestructuras, que exige licitaciones transparentes y plazos limitados.

La AP‑66 es un corredor estratégico que conecta Asturias con León y forma parte esencial de la red logística regional. Su peaje afecta a empresas de transporte, al turismo y a los usuarios particulares, encareciendo el coste de desplazamiento y reduciendo la competitividad de la industria asturiana.

Posibles escenarios tras el recurso al Tribunal Supremo

Si el Tribunal Supremo falla a favor de Asturias, la prórroga podría ser anulada y el peaje eliminado o reducido, lo que mejoraría la competitividad y la cohesión territorial. Las empresas de transporte podrían reducir sus tarifas y la actividad económica en la zona recibiría un impulso.

En caso de una sentencia desfavorable, la prórroga permanecería vigente hasta 2050. El Gobierno asturiano tendría que buscar otras vías, como negociaciones con la Comisión Europea o la rescisión del contrato mediante compensaciones, aunque estas opciones son complejas y costosas.

"El Ministerio evita pronunciarse sobre la legalidad, excusándose en el paso del tiempo. Necesitamos un análisis de fondo", afirmó el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo.

Este conflicto se inscribe en un debate más amplio sobre la gestión de infraestructuras de peaje en España, como se ha visto en la reciente presión a Bruselas por la AP‑9 en Galicia (Rodalies: usuarios se reúnen con el ministro Óscar Puente y exigen avances). La resolución del caso tendrá repercusiones en la política de concesiones y en la relación entre administraciones autonómicas y el Gobierno central.

Conclusión: El recurso al Supremo marca un punto crítico en la disputa sobre la AP‑66. La decisión judicial determinará si el peaje seguirá siendo una carga para la economía asturiana o si se abre la puerta a una reconfiguración del modelo de concesiones de infraestructuras en España.