Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido un dictamen no vinculante que concluye que la Generalitat no puede sancionar a empresas por vulneraciones de derechos humanos. La resolución, solicitada por Junts y el PP, detuvo la votación prevista para el 17 de marzo de 2026 en el Parlament.
Detalles del dictamen y de la propuesta de creación del Centre
La iniciativa, impulsada por PSC, ERC, Comuns y CUP, preveía un régimen sancionador con multas de hasta 50.000 € por infracciones. El CGE considera que ese poder penal excede las competencias autonómicas y vulnera el artículo 25.1 de la Constitución y el principio de territorialidad. Sin embargo, aprueba la creación del Centre Català d'Empreses i Drets Humans siempre que sus funciones se limiten a la promoción, seguimiento y asesoramiento, sin capacidad punitiva.
"El régimen sancionador resulta desproporcionado y genera inseguridad jurídica", señaló Joan Canadell de Junts. La ponente del PPC, Míriam Casanova, recordó que la mayoría de las empresas catalanas son pymes que cumplen la normativa europea.
