Generalitat pide al juzgado de Tarragona levantar la suspensión de la licencia para retirar el monumento franquista de Tortosa

Solicitud de la Generalitat

Generalitat y su conseller de Justicia, Ramon Espadaler, han pedido al Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 2 de Tarragona que levante la suspensión que impide ejecutar la licencia de obras para retirar el monumento franquista de la Batalla del Ebro en Tortosa. La petición se hizo el 17 de abril de 2026, después de que se cerraran las causas previas que habían detenido el procedimiento.

Proceso judicial que originó la suspensión

La suspensión se activó cuando la Asociación Cultural Despierta España y la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces presentaron recursos contencioso‑administrativos contra la modificación del POUM que descatalogó el monumento. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya desestimó ambos recursos y, posteriormente, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de casación, dejando firme la pérdida de protección del bien patrimonial. Con esa decisión, el elemento que había condicionado el procedimiento quedó sin efecto.

Otros recursos relacionados

Una entidad llamada COREMBE impugnó la licitación y adjudicación de las obras de retirada, alegando falta de competencia del CIRE. El juzgado de lo contencioso‑administrativo de Barcelona archivó el caso por pérdida de objeto, pues el contrato ya se había adjudicado y ejecutado parcialmente.

Próximos pasos y posibles consecuencias

Con la resolución definitiva de los recursos, la Generalitat espera que el juzgado levante la suspensión y continúe la tramitación para autorizar la demolición del monumento, cumpliendo la Ley de Memoria Democrática que obliga a eliminar símbolos franquistas de los espacios públicos. "Una vez resueltas las cuestiones previas, lo que corresponde es continuar la tramitación para que se pueda resolver sobre el fondo de la cuestión", afirmó Espadaler durante un acto de memoria democrática en Sant Guim de Freixenet.

Relevancia para la ciudadanía

El monumento, erigido en 1966, cumple 60 años en 2026 y su licencia de demolición ya había sido concedida. Su retirada marcará un paso importante en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y responderá a la demanda de muchos ciudadanos de eliminar restos del franquismo. La decisión del juzgado influirá directamente en el calendario de obras y en la gestión de los recursos públicos destinados a la intervención, en un contexto donde la Generalitat está revisando su presupuesto (Generalitat destina más de 19 millones…).