El president Salvador Illa y la consellera Sílvia Paneque anunciaron el 20 de abril de 2026 la apertura a la legalización parcial de urbanizaciones que carecen de servicios básicos. La medida, explicada en una reunión con representantes de 300 municipios, permitirá regularizar de forma individual el suministro de agua, alumbrado, saneamiento o asfaltado, sin exigir la legalización total de la urbanización.
Urbanizaciones Cataluña
Según el comunicado oficial, la iniciativa afecta a 120.000 personas repartidas en 730 urbanizaciones de toda Cataluña. Hasta ahora, la legislación obligaba a regularizar en bloque, lo que dejaba a muchas comunidades sin acceso a agua, luz o saneamiento durante décadas. Los alcaldes han calificado esta nueva hoja de ruta como "muy relevante" porque ofrece una salida real a un problema que ha generado resignación entre vecinos y autoridades locales.
La consellera Paneque subrayó que la flexibilidad del Govern permitirá a cada ayuntamiento decidir el orden de los servicios a legalizar, empezando por los más críticos. "Primero el agua, luego la iluminación", afirmó, dejando claro que la prioridad será la salud pública y la habitabilidad.
Legalización parcial
La normativa establece que cada servicio podrá ser aprobado de forma independiente mediante un expediente técnico simplificado. El proceso no requerirá la legalización total de la urbanización, lo que reducirá significativamente los plazos y costes para los municipios. Además, se crearán protocolos de financiación conjunta entre el Departament de Territori y el Institut Català de Finances (IFC) para cubrir parte de los gastos de saneamiento y obras de infraestructura.
Illa recordó que la legislación anterior era "todo o nada", lo que a menudo terminaba en "nada". Con la nueva vía, el Govern busca evitar que los pequeños municipios sigan soportando el elevado coste de los sistemas de saneamiento, una de las quejas más frecuentes de los consistorios.
En palabras de Paneque, la medida forma parte del "problema de país" que el Govern pretende abordar junto al Pla de Barris y otras políticas de vivienda. La iniciativa ya ha recibido el apoyo de varios alcaldes, aunque algunos advierten que la puesta en marcha requerirá una coordinación estrecha entre la administración autonómica y los ayuntamientos.
Para conocer otras decisiones recientes del Govern, véase la noticia sobre el Alquiler turístico en Armilla y la posición de Junts en el Consorcio d'Inversions.
La legalización parcial está prevista para iniciar su fase piloto en el segundo trimestre de 2026, con la expectativa de que los primeros servicios se regularicen antes de fin de año. Si la medida funciona, el Govern planea ampliarla a todas las urbanizaciones que cumplan los requisitos técnicos, lo que podría transformar la vida cotidiana de cientos de miles de catalanes.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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