Desahucio de Carme Alcaraz, 89 años, aplazado por tercera vez
El juzgado de Vilanova i la Geltrú ha dictado, este lunes, la prórroga del desahucio contra Carme Alcaraz, 89 años, por tercera vez en cuatro meses. La resolución pospone la ejecución de la orden hasta que se resuelva la fase de mediación, fijada para el 15 de mayo. La medida mantiene a la anciana en su domicilio mientras continúan los trámites judiciales.
Cómo y por qué se produce el conflicto de la permuta inmobiliaria
Carme vendió su vivienda a unos promotores a cambio de la promesa de recibir uno de los pisos del nuevo bloque que estaban construyendo en la rambla Pirelli. El acuerdo incluía un alquiler temporal mientras se terminaba la obra, con la garantía de que la anciana podría ocupar el piso acabado sin coste adicional. Sin embargo, la permuta nunca se inscribió en el Registro de la Propiedad, lo que dejó sin respaldo legal el derecho de Carme a permanecer en el inmueble.
Los promotores quebraron en 2022 y la finca pasó a manos de varios bancos y, finalmente, a un fondo de inversión que la vendió a otra empresa. La nueva propietaria reclama la desocupación porque, al no existir registro de la permuta, considera que no tiene obligación de respetar el acuerdo verbal.
«Son unos ladrones que me lo han quitado todo», asegura Carme en la audiencia, señalando que sus pertenencias fueron trasladadas a un camión durante la obra. Su hija, Raquel Prats, confirma que la anciana no tiene deudas pendientes y que la falta de documentación es la causa del conflicto.
Marco legal que protege a vulnerables frente a desahucios
El Real Decreto‑ley 11/2020, prorrogado hasta el 31‑12‑2026, suspende los desahucios de hogares en vulnerabilidad social y económica acreditada. La norma cubre casos de impago de renta cuando no existe alternativa habitacional, siempre que el proceso esté registrado y se acredite la vulnerabilidad.
En el caso de Carme, la ausencia de inscripción de la permuta impide que la protección legal se active. Los tribunales consideran que, sin registro, no hay evidencia suficiente de que el piso sea su vivienda habitual protegida por la moratoria, lo que deja el desahucio en un limbo jurídico.
Próximos pasos y posibilidades de resolución
La audiencia de mediación, citada para el 15 de mayo, reunirá a la familia de Carme, a la nueva propietaria y a un mediador judicial. Si se alcanza un acuerdo, la orden de desalojo podría revocarse y la anciana permanecería en el piso. De no lograrse consenso, el juzgado podrá confirmar la ejecución del desahucio, obligando a Carme a abandonar la vivienda.
Los activistas locales han acampado frente al edificio y advierten que cualquier intento de desalojo sin una orden expresa del juez podría desencadenar una intervención de los servicios sociales, que se niegan a desalojar a una persona con dependencia severa sin autorización judicial.
Cierre
El caso de Carme Alcaraz resume la tensión entre la normativa de protección social y la falta de formalidad en los acuerdos inmobiliarios. La decisión que se tome en la mediación del 15 de mayo no solo determinará el futuro de una anciana de 89 años, sino que también pondrá a prueba la eficacia de la moratoria antidesahucios en situaciones de vulnerabilidad sin registro oficial.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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