Expulsión de extranjeros condenados: debate en la Comisión de Interior
El martes la Comisión de Interior del Congreso debatió una proposición del Partido Popular, enmendada por Vox, destinada a endurecer la ejecución de órdenes de expulsión contra extranjeros que hayan sido condenados por delitos graves.
El enfrentamiento se tornó encarnizado cuando el portavoz de Sumar, Félix Alonso Contorné, acusó a la derecha de falta de empatía, diciendo: "Mientras ustedes se toman el vermú, sus empleadas del hogar les limpian la casa y les cuidan a sus padres".
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La diputada del PP Sofía Acedo defendió la iniciativa, señalando que menos del 10 % de las órdenes de expulsión se materializan y advirtiendo que esa falta de cumplimiento envía el mensaje de que "incumplir la ley no tiene consecuencias".
Vox, a través del diputado Ignacio Gil Lázaro, presentó una enmienda que propone derogar el reglamento de extranjería y deportar a todos los inmigrantes que delinquan o dependan de ayudas sociales, incluso revocar la nacionalidad española a quienes cometan delitos graves.
Sumar reprochó a la derecha la "siembra de bulos" y recordó que, según sus datos, en 2025 llegaron a España un 42,6 % menos de inmigrantes irregulares que en 2024, y que la economía necesita 2,4 millones de trabajadores hasta 2035. "Un migrante aporta 1.600 euros más al año que un español de media y contribuye diez veces más que lo que gasta en seguridad social", subrayó Contorné.
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La medida busca alinear la normativa española con la directiva europea que priva de derecho de residencia a extranjeros condenados, reforzando los criterios de seguridad pública ya presentes en la Ley de Extranjería.
Datos oficiales citados por Acedo indican que, de decenas de miles de órdenes emitidas anualmente, menos del 10 % se cumplen, una cifra que el gobierno atribuye a retrasos administrativos y a la falta de cooperación de algunos países de origen.
De aprobarse, la enmienda permitiría a las autoridades deportar a un número significativamente mayor de residentes extranjeros, lo que podría afectar a miles de personas que esperan regularizar su situación.
Expertos advierten que la ampliación de poderes podría sobrecargar los recursos consulares y generar recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque los partidos gobernantes sostienen que la medida disuadirá la entrada de criminales.
La comisión votará la propuesta la próxima semana; su aprobación marcará un punto de inflexión en la política migratoria española para el resto del mandato.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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