Fiscalía pide 9 años de prisión a Álvaro Aguado por agresión sexual

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La Fiscalía de Barcelona ha formulado una acusación contra Álvaro Aguado, exfutbolista del RCD Espanyol, por presunta agresión sexual. Los hechos se habrían producido el 24 de junio de 2024 en el baño masculino de la discoteca Opium, situada en Barcelona. La víctima es una empleada del club que denunció el delito tras la madrugada del mismo día.

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Según el escrito de acusación, la mujer se encontraba en "estado de shock" y le pidió a Aguado que se detuviera, alegando que no quería mantener relaciones sexuales. La denuncia indica que el jugador, de 28 años, habría continuado la agresión a pesar de la negativa expresa. La víctima declaró haber consumido alcohol y fumar una cachimba, y que había manifestado a un amigo su desagrado por Aguado antes del incidente.

Aguado, por su parte, sostiene que la relación sexual fue consentida y que la mujer se "abalanzó" sobre él en el baño. En su versión, afirma que ella abrió la puerta, le dijo "¿no te atreves?" y que él no ejerció ninguna fuerza. La Fiscalía descarta esa versión y pide 9 años de prisión, 10 años de libertad vigilada y una prohibición de acercamiento a 1.000 metros de la víctima.

Además, la Fiscalía ha solicitado una indemnización de 65.000 euros por daño moral y secuelas psicológicas. La cantidad cubre la pérdida de tranquilidad, el trauma derivado del episodio y el impacto en la vida personal y profesional de la denunciante.

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Este caso se inscribe en una serie de procesos judiciales que han involucrado a futbolistas españoles y extranjeros en los últimos años. Un ejemplo reciente es el proceso contra Dani Alves, exjugador del FC Barcelona, que también enfrentó una solicitud de 9 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros por agresión sexual en una discoteca de Barcelona. Ambos casos han generado amplio debate sobre la conducta de los deportistas fuera del terreno de juego y la necesidad de una respuesta judicial firme.

Los tribunales catalanes han demostrado una postura enérgica frente a este tipo de delitos, imponiendo penas elevadas y medidas de protección para las víctimas. La Fiscalía ha reiterado que la violencia sexual no debe ser tolerada, independientemente de la fama o el estatus del acusado.

cierre

El proceso contra Aguado sigue su curso judicial y se espera una audiencia preliminar en los próximos meses. La sentencia, de concretarse, sentará un precedente sobre cómo se persiguen los delitos sexuales cometidos por figuras públicas en España. La sociedad observa con atención, pues el resultado influirá en la percepción de la responsabilidad y la igualdad ante la ley.