Informe de vulnerabilidad: la polémica entre el Gobierno y municipios del PP
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusó este martes a varios ayuntamientos del PP, incluido el de Madrid, de impedir la tramitación del informe de vulnerabilidad necesario para la regularización extraordinaria. Según la ministra, las autoridades locales actúan bajo "instrucciones racistas" de la dirigencia nacional del partido. "Hay ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos de los migrantes", afirmó Saiz en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Cómo funciona el informe y por qué se añadió al proceso de regularización
El informe de vulnerabilidad es un documento sencillo que debe ser emitido por los servicios sociales municipales o por ONG colaboradoras. Solo es obligatorio para solicitantes sin vínculo laboral y sin hijos a cargo, con el fin de demostrar condiciones de vida precarias. La exigencia se incorporó tras la recomendación del Consejo de Estado, que consideró necesario probar la vulnerabilidad más allá de la mera situación irregular. El proceso de regularización se abrió el 16 de abril de 2026 y permanecerá activo hasta el 30 de junio de 2026, con una estimación de beneficiarios potenciales.
