Denuncia por acoso laboral contra la concejala Yolanda Estrada en Chamartín
El 12 de marzo se presentó ante la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid una denuncia por acoso laboral institucional, riesgos psicosociales y deterioro del servicio público. La denuncia está dirigida contra Yolanda Estrada, presidenta del distrito de Chamartín, y contra dos altos cargos municipales.
Detalles de las acusaciones y su impacto en el personal
Según el escrito, el clima laboral se volvió "intimidatorio, degradante y hostil" desde la llegada de Estrada a la Junta Municipal en junio de 2023. Los denunciantes describen episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo.
Se contabilizan nueve ceses de funcionarios en menos de tres años, cifra que fuentes municipales elevan a once. Además, se registran cinco bajas de larga duración y al menos 16 renuncias vinculadas al presunto entorno hostil.
La denuncia señala que cuatro empleados solicitaron reasignación a otros puestos fuera del distrito, intentando escapar de lo que describen como "humillaciones, gritos y descalificaciones públicas".
Las conductas atribuidas a la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo, incluyen amenazas sobre la continuidad del empleo, restricciones de permisos que dificultan la conciliación familiar y coacciones para firmar documentos bajo presión.
También se acusa a Gregorio de vigilancia fuera del horario laboral y de prohibir cualquier comunicación externa sobre la Junta de Chamartín. Estas prácticas, según el denunciante, vulneran derechos fundamentales como la integridad moral y la salud laboral.
El documento indica que la sustitución del anterior coordinador, que estaba enfermo de cáncer, marcó un punto de inflexión. Desde la designación de Gregorio en septiembre de 2024, el acoso habría escalado a "extremos absolutamente insostenibles".
Posibles evoluciones judiciales y medidas cautelares solicitadas
Once días después, el 23 de marzo, se presentó una segunda denuncia ante los Juzgados de lo Social de Madrid. Este escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en Alicia Gregorio Arroyo.
La segunda denuncia solicita "medidas cautelares urgentes" para detener el daño y evitar su agravamiento. Entre las medidas propuestas están el cese inmediato de las conductas descritas y la suspensión de las funciones de supervisión directa de Gregorio.
Asimismo, se pide al Ayuntamiento que evalúe de forma inmediata los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín, con el fin de elaborar un plan de intervención que garantice la salud mental de los empleados.
El Consistorio, hasta el momento, no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre la denuncia ni sobre las supuestas conductas abusivas. La falta de respuesta oficial genera incertidumbre entre los trabajadores del distrito.
En el ámbito judicial, el proceso seguirá la vía de los Juzgados de lo Social, donde se valorará la procedencia de las medidas cautelares y, en su caso, se abrirá una fase de instrucción para determinar responsabilidades.
Los expertos en derecho laboral advierten que, de confirmarse las acusaciones, el Ayuntamiento podría enfrentarse a sanciones económicas y a la obligación de reparar el daño moral causado a los empleados.
En caso de que el juez conceda las medidas cautelares, la coordinación del distrito quedaría bajo supervisión externa mientras se resuelve el litigio. Esto implicaría una reestructuración temporal de la gestión del distrito.
El caso también podría desencadenar una revisión interna de los protocolos de recursos humanos en todos los distritos de Madrid, con el objetivo de prevenir situaciones similares.
Para los ciudadanos de Chamartín, la noticia adquiere relevancia porque afecta directamente a la calidad de los servicios municipales. Un clima laboral deteriorado puede traducirse en demoras y deficiencias en la atención al público.
La denuncia ha reavivado el debate sobre la gestión de los equipos municipales y la necesidad de mecanismos de control más eficaces para proteger a los empleados públicos.
En los próximos días, se espera la resolución de la solicitud de medidas cautelares y la apertura del proceso judicial. La atención de los medios locales se centrará en la respuesta del Ayuntamiento y en cualquier decisión judicial que se tome.
Cierre
Si el juzgado admite las medidas cautelares, la administración del distrito de Chamartín podría experimentar cambios significativos en su estructura operativa. La evolución del caso será determinante para la confianza de los empleados y para la percepción de la ciudadanía sobre la gestión municipal.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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