El NHS ha oficializado un protocolo de protección infantil que obliga a los hospitales a actuar sin prejuicios y a coordinarse de inmediato con servicios sociales, policiales y judiciales. La medida surge después de la polémica del bebé de un mes atendido en varios centros de Barcelona, que ha reavivado el debate sobre la detección temprana del abuso.
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El nuevo esquema se basa en una mirada libre de prejuicios y en la colaboración estrecha entre salud, asistencia social y justicia. Cada sospecha de maltrato obliga al personal sanitario a registrar la información en el sistema digital CP‑IS, que permite compartir datos con los servicios de protección infantil y autorizar pruebas clínicas sin necesidad de consentimiento parental cuando la seguridad del menor está en riesgo.
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En todos los hospitales del Reino Unido opera un equipo multidisciplinar compuesto por al menos un médico, una enfermera y una matrona. Estos profesionales siguen la guía "Working Together to Safeguard Children", actualizada periódicamente desde 1999, y asesoran al resto del personal para identificar señales no verbales, observar interacciones familiares y mantener una curiosidad profesional ante cualquier irregularidad. El equipo tiene la autoridad para alertar a los servicios sociales y a la policía, y para acceder al y solicitar radiografías o TAC sin la autorización de los padres.
