Juez Maman Benchimol niega credibilidad a denuncias de mujeres en caso de violencia de género

Negación de credibilidad a denuncias de mujeres

El juez Maman Benchimol, titular del juzgado de violencia de género nº 8 de Madrid, afirmó públicamente que no cree en las denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia machista. La declaración se produjo durante una rueda de prensa celebrada el pasado martes en la sede del tribunal. Su pronunciamiento ha generado una fuerte reacción de organizaciones feministas y de la sociedad civil.

Benchimol sostuvo que, en su criterio, muchas denuncias carecen de pruebas suficientes y que la tendencia a aceptar automáticamente la versión de la víctima vulnera la objetividad judicial. La afirmación se difundió a través de varios canales oficiales del Poder Judicial, sin que se haya emitido una corrección posterior.

Repercusiones y contexto legal

La falta de credibilidad judicial expone a las víctimas a una nueva forma de violencia institucional, al despojarles de la protección que la ley les garantiza. Cuando un juez niega la veracidad de los testimonios, se anulan garantías como la medida de protección y la orden de alejamiento, dejando a la denunciante vulnerable a nuevos agresiones.

Organismos internacionales como CEDAW y GREVIO han alertado que los estereotipos de género en la judicatura erosionan la aplicación de la normativa de protección. «Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos», advierten en la Recomendación General nº 33.

El Comité de Derechos de la Mujer (CEDAW) subraya que la credibilidad de las mujeres y de los menores que denuncian violencia debe ser garantizada por el sistema judicial, sin prejuicios que distorsionen la interpretación de la ley. Por su parte, el Grupo de Expertos de la República de Irlanda (GREVIO) indica que la falta de valoración adecuada del riesgo para la víctima y sus hijos contraviene el artículo 31 del Convenio de Estambul.

En el ordenamiento español, el artículo 92.7 del Código Civil excluye la guarda conjunta cuando existan indicios de violencia de género, y el artículo 94 regula los límites al régimen de visitas. Estas normas pretenden evitar que la violencia se perpetúe a través del contacto familiar.

Sin embargo, la postura de Benchimol revela una resistencia a aplicar plenamente esas disposiciones. Al cuestionar la veracidad de las denuncias, se debilita el principio de protección integral que sustenta la Ley Orgánica 1/2004, reformada en 2015 para reconocer a niños y niñas como víctimas de violencia.

La comunidad jurídica ha señalado que la actitud del magistrado refleja una lógica heredada del derecho de familia franquista, donde la patria potestad se concedía prioritariamente al padre y la madre quedaba en una posición subsidiaria. Esa visión, aunque superada legalmente, sigue influyendo en algunos juzgados especializados.

Ante la controversia, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que revisará los procedimientos del juzgado 8 para asegurar el cumplimiento de la normativa de género. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación interna para determinar si la conducta del juez vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

Las organizaciones de derechos humanos exigen que se adopten medidas disciplinarias y que se garantice la formación continua de los magistrados en perspectiva de género. Consideran que la confianza en la justicia depende de la capacidad del sistema para proteger a las víctimas sin prejuicios.

Para las mujeres que acuden a los juzgados de violencia de género, la declaración de Benchimol representa un obstáculo adicional. La percepción de que la justicia no les acredita puede disuadir a potenciales denuncantes y perpetuar la impunidad.

En los próximos días se espera la publicación del informe de la Fiscalía y la resolución del Consejo Judicial. De confirmarse una falta grave, el juez podría ser suspendido o reasignado, lo que enviaría un mensaje claro sobre la intolerancia a la misoginia institucional.

Mientras tanto, la sociedad civil continúa organizando manifestaciones y campañas de sensibilización para presionar a las autoridades a reforzar la protección de las víctimas y a erradicar los estereotipos que aún persisten en el ámbito judicial.