Semilibertad a presos de ETA por cartas de arrepentimiento: el Gobierno vasco avanza

Cartas de presos de ETA y la concesión de semilibertad

El Ejecutivo vasco ha otorgado semilibertad a ocho internos de ETA que presentaron misivas de arrepentimiento entre enero y marzo de 2024. La decisión se tomó en la sede de la Dirección General de Política Penitenciaria de Bilbao y entró en vigor el 15 de abril.

Procedimiento y críticas al uso de las cartas

Las cartas son revisadas por la autoridad penitenciaria, que valora la sinceridad, la redacción y la ausencia de expresiones que justifiquen el terrorismo. El criterio oficial exige que el interno reconozca el daño causado, aunque no exige una condena explícita del delito. "La carta debe reflejar un cambio de actitud", explicó el director de la unidad penitenciaria.

Sin embargo, asociaciones de víctimas y varios partidos políticos denuncian que muchas misivas omiten una condena clara del terrorismo y se limitan a expresar dolor. "Son cartas bien escritas pero vacías en lo esencial", afirmó el portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La polémica se intensificó tras la revocación de la semilibertad de Anboto y Carasatorre, caso que se analizó en detalle en la noticia Semilibertad de Anboto y Carasatorre revocada por el juez José Luis Castro.

Contexto del proceso de reinserción de ETA

ETA anunció su disolución en 2018 y el marco legal de reinserción se estableció en la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad y Seguridad Ciudadana. Desde 2022, la política de semilibertad se ha aplicado a internos que cumplen los requisitos de comportamiento y participación en programas de desradicalización. Hasta la fecha, más de 30 presos han recibido beneficios parciales bajo este esquema.

Posibles repercusiones y debate político

Los críticos exigen una revisión más rigurosa del criterio de concesión, proponiendo que la carta incluya una condena inequívoca del terrorismo. En el Parlamento vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han presentado una moción para crear un comité independiente que evalúe cada caso. Por su parte, el Gobierno vasco defiende que el proceso acelera la reintegración y reduce la sobrepoblación penitenciaria.

Se prevé que el debate continúe durante el próximo trimestre, con la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe una normativa que obligue a los internos a reconocer públicamente la ilegalidad de sus actos antes de acceder a cualquier beneficio.

Conclusión: la concesión de semilibertad mediante cartas de arrepentimiento sigue siendo un punto de fricción entre la política de reinserción y la exigencia de justicia de las víctimas. El futuro del criterio dependerá de la presión política y de la capacidad del Estado para equilibrar seguridad y rehabilitación.