Fraga mantiene a Franco como alcalde honorario pese a la Ley de Memoria

Fraga mantiene a Franco como alcalde honorario pese a la Ley de Memoria

El consistorio de Fraga, gobernado por el PP, mantiene vigente la distinción de alcalde honorario concedida a Francisco Franco en 1953. La Ley de Memoria Democrática obliga a retirar honores incompatibles con los valores democráticos, pero el ayuntamiento no ha respondido a las solicitudes de eliminación.

Procedimientos legales y solicitudes de retirada

La Fiscalía Provincial de Huesca, a través de su unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, iniciará un procedimiento para requerir información al consistorio y recordarle el cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Memoria. «Desde la Fiscalía iniciaremos un procedimiento para solicitar información al Ayuntamiento y efectuarle recordatorio de que han de cumplir con lo dispuesto en el art. 40», declaró la fiscal delegada a Jesús Sansó, exdiputado autonómico que denunció la situación.

Sansó presentó tres solicitudes formales al Ayuntamiento —el 5 de febrero, el 5 de marzo y el 5 de abril— sin obtener respuesta. También pidió el acta oficial de concesión para confirmar la vigencia del reconocimiento. Ante la falta de contestación, trasladó toda la documentación a la Fiscalía, que confirmó que se abrirá el procedimiento.

Posibles consecuencias y próximos pasos

Si la Fiscalía determina que la distinción es incompatible con la Ley, el Ayuntamiento deberá retirarla de oficio. En caso contrario, el consistorio podría enfrentarse a sanciones o a una orden judicial que obligue al cumplimiento.

Fuentes municipales admiten que la retirada no está contemplada salvo que exista una obligación legal. «Evidentemente, si es por imperativo legal, se eliminará la distinción, pero no es una prioridad para el equipo de gobierno», afirmaron.

El mantenimiento de este honor no es el único vestigio franquista en Fraga; el municipio conserva nombres de calles y conjuntos residenciales vinculados a la época, como la calle Alcázar de Toledo y el grupo de viviendas 28 de Marzo.

El debate local se enmarca en la reciente derogación de la normativa autonómica de Aragón, aprobada en 2018 y anulada en 2024 con el apoyo del PP, Vox y PAR, que eliminó instrumentos como el censo de víctimas pero dejó intacta la legislación estatal.

Para entender el contexto político del PP, véase la noticia sobre su adopción de la "prioridad nacional" para pactar con Vox y la denuncia de incomodidad por Armengol al presidir debate sobre corrupción.

Qué puede pasar ahora: la Fiscalía enviará su requerimiento al Ayuntamiento y, si persiste la negativa, podrá solicitar al juzgado competente que imponga la retirada del honor. La decisión tendrá repercusión en otros municipios que aún conservan símbolos de la dictadura, poniendo a prueba la efectividad de la Ley de Memoria Democrática en toda España.