Decisión del TSJCV
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmó el 27 de abril de 2026 que no abrirá ninguna investigación penal contra Carlos Mazón por su gestión durante la dana del 29 de octubre de 2024. La resolución mantiene íntegramente la decisión anterior de archivo de la causa.
El tribunal desestimó los recursos presentados por varias asociaciones de víctimas, que alegaban que el expresident había sido garante de la respuesta institucional. Los magistrados consideraron que los recursos carecían de indicios incriminatorios suficientes.
En su fallo, el TSJCV recordó que «en el derecho penal español no existe la responsabilidad penal por el desempeño de un cargo». Según la Sala, atribuir responsabilidad penal por ostentar la máxima autoridad política vulnera el principio de culpabilidad.
Fundamentos legales de la resolución
El argumento central se basa en la ausencia de un deber jurídico específico del presidente para actuar en situaciones de emergencia de nivel 2. La normativa autonómica asigna la dirección operativa a la Consellera competente, con carácter exclusivo y excluyente.
Los magistrados subrayaron que la decisión de no activar la situación de emergencia catastrófica es una potestad discrecional. «La toma de decisiones discrecionales de un presidente autonómico no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal», concluyeron.
Para que se configurara autoría penal, habría sido necesario demostrar que la acción omitida habría evitado las muertes. El tribunal consideró que esa carga probatoria no se había satisfecho.
Otro recurso cuestionaba el aforamiento del exdirigente, alegando abuso de derecho. El TSJCV rechazó el argumento al señalar que Mazón ya era diputado antes de la dana y siguió siéndolo, sin tratarse de una adquisición sobrevenida.
Posibles repercusiones y próximos pasos
Aunque se cierra la vía penal, las asociaciones de víctimas podrían explorar acciones civiles para obtener reparación. En ese sentido, ya han denunciado un presunto maltrato institucional en la Víctimas dana denuncian maltrato institucional frente al Palau de la Generalitat.
La decisión también genera un debate político sobre la responsabilidad de los cargos públicos en gestión de catástrofes. Los partidos de la oposición han pedido una revisión de los protocolos de mando y de la coordinación entre la Presidencia y la Consellería de Protección Civil.
En cuanto a recursos judiciales, la resolución es firme en materia penal, pero la parte actora podría presentar un recurso ante el Tribunal Supremo si considera que se ha vulnerado la interpretación de la normativa penal.
El caso pone de relieve la dificultad de encuadrar en el derecho penal decisiones de gestión pública, y plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control político y administrativo para evitar futuras controversias.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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