El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén presenta ocho alegaciones al PIGA del centro de datos

El proyecto ocupará más de 25 hectáreas de suelo industrial y arrancará con una potencia instalada de 150 MW, ampliable a 300 MW. Ese nivel de potencia requerirá un alto caudal de agua, lo que tensionaría el suministro existente y obligaría al Ayuntamiento a asumir infraestructuras de abastecimiento sin recibir contrapartidas claras. La presión hídrica se suma a la necesidad de nuevas redes de saneamiento y a la gestión de residuos electrónicos, costes que recaerían en la administración local.

El análisis jurídico del consistorio sostiene que la ubicación del PIGA en el sector SP1 contradice el criterio legal que exige situar este tipo de infraestructuras en suelos con mayor autonomía, pues altera el equilibrio del planeamiento existente y obliga a triplicar los gastos de urbanización del resto de parcelas, generando escenarios de inviabilidad económica.

Posibles escenarios y próximos pasos del conflicto

Hasta la fecha, las ocho alegaciones no han recibido respuesta de la administración de Aragón. El consistorio ha exigido la incorporación de medidas de retorno local, entre ellas una aportación económica de ≈27 millones de euros destinada al fomento del desarrollo económico y social del municipio. La alcaldesa ha advertido que, si no se llegan a acuerdos, el Ayuntamiento presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El plazo legal para que la administración aragonesa responda a las alegaciones es de 30 días. Transcurrido ese periodo, el Ayuntamiento podrá iniciar un procedimiento de revisión o acudir a la vía judicial para proteger los intereses del territorio.

Si la administración acepta las condiciones municipales, el proyecto podría avanzar con la garantía de recursos para la comunidad; de lo contrario, el desarrollo quedaría paralizado, dejando al municipio con infraestructuras costosas y sin ingresos compensatorios. «Nuestro objetivo es que el proyecto aporte beneficios reales a La Puebla, no que nos imponga cargas insostenibles», afirmó la alcaldesa Villanueva. La disputa pone de relieve la necesidad de equilibrar la atracción de inversiones tecnológicas con la protección de los recursos locales y la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos, y será seguida de cerca por otros municipios aragoneses que temen efectos similares.