Acuerdos PP‑Vox prohíben macroparques renovables y blindan la central nuclear de Almaraz

Vox exigió la prohibición de los macroparques como condición para apoyar la investidura. La petición se basa en la defensa del territorio y la protección de los usos tradicionales del campo.

Las patronales del sector renovable reaccionaron de inmediato. "No sabemos aún en qué se convertirá esta dialéctica, pero es claramente anti‑renovables", señaló Pedro Fresco, director de Avaesen. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), representada por José Donoso, advirtió que los acuerdos priorizan el uranio ruso y el petróleo de Irán sobre la transición verde.

España importa un 40 % de su uranio enriquecido de Rusia, una dependencia que el presidente Pedro Sánchez recordó en el Congreso durante el debate sobre el histórico apagón del año pasado.

Las asociaciones APPA y AEE reiteraron que los compromisos de la UE exigen un aumento sostenido de la capacidad renovable para reducir la dependencia de combustibles fósiles. "Estos pactos pueden traducirse en trabas reales al desarrollo de las energías limpias", advirtió José María González Moya, director de APPA.

Perspectivas y posibles consecuencias para la energía en España

Si los gobiernos autonómicos aplican estrictamente las cláusulas, varios proyectos de gran escala podrían retrasarse o cancelarse, lo que afectaría la inversión y el empleo en el sector.

La UE podría iniciar procedimientos por incumplimiento de los objetivos climáticos, aunque aún no se han abierto expedientes formales. La presión de los grupos ecologistas y de la industria eléctrica podría forzar revisiones legislativas.

En el plano internacional, la reciente escalada del conflicto en Irán ha puesto de relieve la necesidad de un "electroshock" energético que reduzca la dependencia del petróleo y del uranio ruso. La combinación de los acuerdos regionales y la coyuntura geopolítica crea un escenario de incertidumbre para la planificación a medio plazo.

Los analistas coinciden en que, a falta de un consenso nacional, la fragmentación de políticas energéticas entre comunidades podría ralentizar la transición verde que España necesita para cumplir sus compromisos climáticos.

En los próximos meses se esperan los primeros decretos autonómicos que concretarán las medidas. El sector renovable vigilará de cerca su contenido y, de ser necesario, recurrirá a los tribunales para impugnar restricciones que considere desproporcionadas.

La evolución de estos acuerdos será decisiva para determinar si España avanza hacia una matriz energética más limpia o refuerza su dependencia de fuentes tradicionales y nucleares.