Reclamación de Vox
Arantxa Cabello llegó al pleno de Cibeles y se declaró portavoz legítima del grupo municipal de Vox. La concejala denunció una "cacicada" del equipo del alcalde José Luis Martínez‑Almeida, que, según ella, no ha aplicado la normativa que obliga a declarar a los ediles expulsados como no adscritos.
Detalles de la polémica
Cabello señaló que el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que, cuando un partido expulsa a sus miembros, el grupo municipal debe enviarlos a condición de no adscritos si el partido lo solicita. En este caso, el Ayuntamiento no habría ejecutado esa medida, pese a que Javier Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo fueron expulsados judicialmente.
"No se ha aplicado el artículo 73.3, lo que equivale a pasar por encima de la ley y de las sentencias judiciales", afirmó Cabello. Añadió que Ortega Smith sigue asistiendo al pleno como integrante del grupo municipal, lo que, a su juicio, demuestra que la condición de no adscrito no se ha materializado.
El alcalde respondió que la condición de portavoz es cuestionable y que el Ayuntamiento revisará la situación. Sin embargo, Cabello insistió en que la resolución del partido debía ser ejecutiva según la ley y que la presencia de los ediles expulsados no puede considerarse legal.
Normativa y actuación del Ayuntamiento
La Secretaría del pleno está elaborando un informe para determinar la situación jurídica de los tres ediles. Mientras tanto, Vox ha solicitado a la corporación todos los documentos que acrediten las expulsiones y ha pedido medidas cautelares ante la justicia ordinaria.
Posibles consecuencias y próximos pasos
El Ayuntamiento deberá decidir si declara a Ortega Smith, Toscano y Ansaldo como no adscritos, lo que implicaría su exclusión del grupo municipal. De no hacerlo, Vox podría iniciar acciones legales o solicitar al juzgado medidas cautelares para obligar al cumplimiento del artículo 73.3.
En paralelo, el partido ha reiterado su compromiso de perseguir el cumplimiento de la ley, como se refleja en otras iniciativas, como la propuesta de Vox impulsa votación en el Congreso sobre prioridad nacional en sanidad.
Cierre
La controversia pone de relieve la tensión entre la autoridad municipal y la disciplina interna de los partidos. La resolución del caso determinará si el Ayuntamiento respeta la normativa vigente o si Vox recurrirá a la vía judicial para hacerla cumplir, con posibles repercusiones en la operatividad del grupo municipal de Vox.
Temas relacionados
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
¿Te ha gustado este artículo?
Suscríbete a nuestro boletín y recibe las mejores noticias en tu correo cada día.
