Hechos clave
300 solicitudes presentadas al Defensor del Pueblo en los primeros quince días. Doble de peticiones que los obispos reciben en un año. 156 solicitudes gestionadas por PRIVA desde febrero de 2025. 94 dictámenes emitidos en el mismo periodo. 2 millones de euros reparados en marzo.
Proceso y comparativa
El canal creado por el acuerdo Gobierno‑Iglesia‑Conferencia Episcopal permite a las víctimas presentar su petición ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, que la remite al Defensor del Pueblo. Desde febrero de 2025, PRIVA había gestionado 156 solicitudes y emitido 94 dictámenes, con 2 millones de euros reparados en marzo. La nueva vía permite reabrir casos, reclamar una cuantía mayor, con un plazo máximo de tres meses para la propuesta y dos meses para la evaluación por la comisión asesora de la Iglesia.
Futuro y próximos pasos
Si las partes llegan a un acuerdo, la propuesta del Defensor del Pueblo será definitiva y se ejecutará a través de la Comisión Asesora PRIVA. En caso de desacuerdo, el proceso podría prolongarse o derivarse a instancias judiciales, lo que aumentaría la presión sobre la Iglesia para mejorar sus mecanismos de reparación y reforzar la intervención estatal.
